Editorial de Radio Pichincha
Ojalá algún día este país cambie y deje atrás la insidia, la mezquindad y ese personalismo de la política de ciertas élites, que no ven más allá de sus cuentas bancarias y sus egos en redes sociales.
Y, por si fuera poco, en vez de actuar en colectivo, con todos los actores sociales, estatales y económicos, se someten al FMI como el supremo poder que ordena y define la economía del Ecuador, sin importar la lógica “natural” de un Estado moderno y una crisis aguda.
Todo esto lo señalamos a propósito de que el presidente de la República, Daniel Noboa, vetó totalmente el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Es decir; a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales.
Para el gobierno, ¡la iniciativa legislativa pretendía la entrega de asignaciones automáticas desde el Banco Central, supuestamente “afectando a las finanzas públicas y con grave riesgo para la estabilidad económica”. Y eso se agudiza cuando en un comunicado dice que el proyecto de Ley aprobado por la Asamblea Nacional “no consideró” elementos acordes a la realidad fiscal del país. Pero, como si no dijera nada, oigan y lean lo que añade: “Lo que pudo ocasionar un desfinanciamiento en el Presupuesto General del Estado”.
¿Ocasionar un desfinanciamiento? ¿Se pueden imaginar que un gobierno diga que la entrega de recursos a los gobiernos locales ocasione el desfinanciamiento del presupuesto general del Estado que tiene entre sus prioridades la gestión de la obra pública desde los territorios administrados por alcaldes y prefectos?
¿O ESTAMOS EN OTRA GALAXIA O SIMPLEMENTE LA MENTIRA Y LAS MEDIAS VERDADES SON LA RAZÓN DE SER UN GOBIERNO QUE NO ENTIENDE QUÉ DEBE HACER?
Si estas preguntas, además, las contestara el propio presidente, al menos tendríamos un modo de reflexionar, pero no, lo que pesa es el silencio y la retórica de los comunicados, aparte de mal redactados, sin ningún sostén argumental sensato.
Ese proyecto de ley, aprobado en la legislatura el pasado 7 de mayo, con 106 votos afirmativos, reformaba cuatro normas: Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), Código Orgánico Monetario, Código de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley de Régimen Tributario. Y el objetivo era que desde la Cuenta Única del Tesoro el Banco Central del Ecuador se transfiera, de forma directa y automática, los ingresos permanentes y no permanentes a los presupuestos anuales de los GAD. Para ello, el Banco Central debía crear subcuentas únicas para efectuar la transferencia y evitar que la decisión pase por el Ministerio de Economía.
¿Dónde está el problema? Más aún, la realidad indica que ahora, el Gobierno Nacional mantiene una deuda con los GAD, que se extiende desde finales de 2023. Estas deudas han sido canceladas de forma inconstante. El 23 de mayo, se indicó que esta deuda ascendía a USD 534 millones.
Parecería, ojalá no nos equivoquemos, que el gobierno quiere que las prefecturas y municipios se paralicen para que la ciudadanía los acuse de ineficientes y mientras tanto el gobierno mire a otro lado y se lave las manos de sus responsabilidades concretas. PUNTO