La Fiscalía acusa a cinco personas de comprar insumos médicos con sobreprecio durante la emergencia sanitaria.
Punto Noticias.- El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, Alfredo Pinargoty Alonzo, dictó auto de llamamiento a juicio por el presunto delito de peculado contra Walther Ramón C. P., alcalde de Bolívar; Johnnya Esperanza B. M., directora financiera del Cabildo; César S. G., tesorero y jefe de Compras Públicas (e); y, Sergia Carlota B. R. y Boris Hamilton I. F., proveedores.
En las audiencias de formulación de cargos y vinculación, del 22 de septiembre y 18 de diciembre de 2020, respectivamente ya se dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva como presentación semanal ante la autoridad competente, la prohibición de salida del país y la enajenación de bienes.
Mientras que, para Silvio L. M., director de Servicios Públicos del Municipio; Gema T. Z., ayudante de Servicios Administrativos; Nory V. D., directora de Desarrollo Social y Económico; Raúl P. P., director Administrativo; Manuel C. F., secretario; y, Cleyton Z. Z., proveedor de kits alimenticios; se dictó auto de sobreseimiento.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó 96 elementos de convicción recabados en la investigación por presunto peculado en contra de los procesados, entre ellos el alcalde, por la compra de insumos de bioseguridad, cabinas de desinfección y kits de alimentos con un presunto perjuicio al Estado que supera los 200.000 dólares.
En la diligencia, desarrollada por videoconferencia los días 29 de marzo, 1 y 12 de abril, la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez presentó los elementos de convicción recabados que harían presumir la responsabilidad de los procesados. Entre estos están la denuncia de los concejales y los contratos para la adquisición de insumos de bioseguridad y desinfección, de dos cabinas de desinfección y de 10.700 paquetes de kits alimenticios.
A estos elementos se sumaron las pericias practicadas a los documentos de los contratos, así como las versiones de los presuntos proveedores. Toda esta información le sirvió a la Fiscalía para presentar su dictamen acusatorio ya que precisó que hubo participación directa de funcionarios públicos y proveedores en el marco de la emergencia sanitaria.
La Fiscalía estableció un aparente perjuicio al Estado por 22.727 dólares en la compra insumos de bioseguridad; 4.309,76 dólares en la adquisición de dos cabinas de desinfección; 109.080 dólares y 83.325 dólares en la compra de 7.200 y 5.500 kits alimenticios, respectivamente, de asistencia humanitaria.
Fuente. Fiscalía, redes sociales