Editorial de Radio Pichincha
Deben saber que no son deliberantes, que tienen unas obligaciones muy puntuales y se someten al poder político, les guste o no. Al menos en Ecuador la lección ha sido aprendida (con un alto costo, en el siglo pasado) y debe ser un proceso de maduración permanente. Aspiramos y esperamos que sea en el sentido más democrático posible.
En Bolivia parece que eso todavía no cala en la dinámica democrática. Si por un “quítame las pajas” se quieren meter en el palacio de Gobierno e intentar imponerse por la fuerza de las armas y las tanquetas es que no entendieron el costo que eso significó después del golpe de 2019.
Y también es cierto que el comportamiento de los militares, en cualquier país, pasa también por cómo se comportan los políticos civiles, los supuestos generadores de opinión (muchos de ellos, en realidad, responden a intereses económicos y oligárquicos). No hay duda de que cuando se van convirtiendo en impotentes para recibir el voto popular van por la supuesta ayuda de los militares. Y eso, en décadas pasadas, significó un costo muy alto para la misma democracia y para la consagración y defensa de los derechos humanos.
Pero no podemos dejar de lado a un actor dominante en este tema: las embajadas de EE.UU. en cada uno de nuestros países. Sobradas pruebas dan cuenta de ello. Incluso, como ya se ha comprobado, antes de tomar una decisión esos militares primero consultan con el embajador gringo. Lamentablemente ha sido así.
Y como estamos analizando esta realidad, en Bolivia, bien vale la pena recordar que los militares ecuatorianos tienen unas responsabilidades ahora delegadas por el poder político y por una Consulta Popular. Eso implica muchos riesgos para sus integrantes, para los miembros del Ejército, Marina y Aviación. Ya vemos que hay impactos, en el caso concreto de uniformados involucrados en la corrupción en las cárceles. Eso se veía venir. No es un acto institucional sino de miembros que se dejan cautivar.
De hecho, sabemos bien que obedecen, pero también fomentaron la necesidad de intervenir en el “conflicto armado interno”, frente a policías corruptos y cooptados por el crimen organizado. Seguramente, al interior, dijeron que no. Hay voces anónimas que han señalado su desacuerdo, pero ya la medida está tomada. Ahora, para bien y para mal, hay que ajustar los controles y la disciplina.
De paso, también, habría que dejar sentado otro hecho: si algo pasó con la subteniente estrangulada, en un cuartel en la provincia de Napo, que deba investigarse a fondo, con responsabilidad de oficiales y personal de tropa, ojalá no sea para repetir la amarga y triste experiencia del femicidio de María Belén Bernal, en una escuela de formación de policías.
Mientras más transparencia haya en la gestión de las fuerzas militares, con las debidas excepciones en casos de seguridad y de reserva, mejor para su fortalecimiento institucional y para el reconocimiento de su labor. Lo contrario, sería afectar a una tradición de entrega y sacrificio cuando la patria lo ha exigido. PUNTO