El pasado 22 de septiembre, la fiscal general Diana Salazar dispuso la entrega de copias certificadas del expediente de femicidio para la apertura de la investigación por presunto fraude procesal.
Punto Noticias.- Alrededor de la muerte de María Belén Bernal se tejen nuevas conjeturas, sobre todo, cuando se investiga a la par un presunto fraude procesal.
Elizabeth Otavalo, madre de la abogada que desapareció el 11 de septiembre y fue encontrada sin vida el 21 del mismo mes, pidió ser incluida en el caso en calidad de víctima.
Según la madre de Bernal, durante las primeras diligencias investigativas existieron varias personas que de una u otra forma “ocultaron los instrumentos o pruebas de la presunta infracción, inclusive cambiaron el estado de las cosas”.
Para Otavalo estas acciones habrían vulnerado el derecho a conocer lo que había ocurrido con su hija, quien ingresó a la Escuela Superior de Policía, en Pusuquí, para ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres, quien es el principal sospechoso del presunto delito de femicidio y que está prófugo de la justicia.
La mujer y su equipo de abogados ingresaron un escrito en la Fiscalía para que se acepte su comparecencia en calidad de víctima.
Desde la Fiscalía, se conoció que el fraude procesal es la tutela judicial efectiva y la víctima es indeterminada. En este caso no se consideró a Otavalo como víctima. Sin embargo, se puntualizó que sí se permitió el acceso a la denuncia. En este caso también se recogen versiones.
El pasado 17 de octubre, la Fiscalía ejecutó un operativo en el Centro de Privación de Libertad N. 3 de Quito (Chillogallo). El objetivo fue recabar información relevante en esta causa que va a la par de la del presunto femicidio de la abogada.
A finales de septiembre, luego de que se creó en la Asamblea Nacional una comisión para investigar el caso de Bernal, algunas autoridades fueron llamadas a comparecer, entre ellas la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
La difusión de información de que dejaron escapar a Cáceres y los cuestionamientos a los procedimientos efectuados por la institución policial, motivaron a la fiscal que disponga -el pasado 22 de septiembre- la entrega de copias certificadas del expediente para la apertura de la investigación por presunto fraude procesal.
El propósito de esta nueva investigación es determinar el resto de responsabilidades. Es decir, conocer a quiénes ocultaron la información, por qué no la dieron a conocer en el momento oportuno, o con esa acción a quiénes se quiere encubrir.
Sobre el otro caso de femicidio, esta semana se tiene prevista la comparecencia de al menos 10 personas en la Fiscalía. Entre ellos se encuentran policías de diferentes rangos y cadetes.