Aunque la maestra fue sentenciada, la reparación para el niño y su familia sigue incompleta, pues el menor enfrenta graves secuelas por el maltrato sufrido.
En 2019, un niño de 5 años con autismo y epilepsia ingresó a una institución educativa particular en Guamaní, sur de Quito. Lo que debía ser un espacio de aprendizaje se convirtió en una pesadilla para él y su familia.
Según Ximena Freire, abuela del niño, el menor sufrió constantes pinchazos por parte de su maestra, lo que desencadenó una grave crisis de salud que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia en el Hospital Baca Ortiz.
«La directora y la maestra tutora intentaron justificar los hechos y ocultarlos», denunció Freire.
Sybel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar, siguió el caso desde sus inicios y compartió detalles sobre la crueldad e indiferencia institucional.
«El niño era sometido a pinchazos diarios, incluso en sus partes íntimas, a veces frente a sus compañeros», relató Martínez.
A pesar de la gravedad de los hechos, la rectora del colegio no solo ignoró los abusos, sino que pidió a los padres que retiraran al niño, argumentando estar «hartos».
Una lucha legal larga y desgastante
El caso fue presentado ante la Junta de Protección de Derechos de Quito, que abrió un expediente por maltrato institucional.
Durante la investigación se descubrió que los abusos fueron cometidos por una docente bajo las órdenes de la principal encargada del menor. Sin embargo, esta última no fue sancionada, mientras que la otra docente recibió un año de suspensión.
El camino hacia la justicia fue doloroso y lleno de obstáculos, como explicó Ximena Freire:
«Pasamos por un proceso tedioso en fiscalía que se truncó por dos años. No le dieron importancia hasta que asumió el caso una nueva fiscal en 2022.»
Finalmente, el 3 de diciembre de 2024, la maestra Jessica Paredes fue hallada culpable y sentenciada a un año de prisión y una multa de cuatro salarios básicos.
Aunque la sentencia deja un sabor agridulce, Ximena Freire, invita a las personas que sufren de alguna situación similar a que denuncien y sigan adelante con las denuncias.
«Si es verdad que es muy duro y difícil pero el amor por nuestro pequeños puede más», sentenció.
🔴 Pasaron 6 años y 8 audiencias fallidas para que por fin hoy la docente que pinchaba a su alumno, un niñito de 6 años con epilepsia y autismo, sea sentenciada a un año de prisión por el delito de odio. Se ha sentado un precedente! https://t.co/5WW8r6iyUU
— Sybel Martinez (@sybelmartinez) December 3, 2024
Impactos en la salud y economía familiar
A pesar del dictamen judicial, no hubo ninguna reparación directa para la víctima.
«El sistema no está diseñado para ayudar a las familias que enfrentan estas situaciones; encontramos obstáculos desde el primer momento», comentó Freire.
El maltrato no solo dejó cicatrices emocionales, sino que agravó la salud del menor, quien hoy tiene un 74% de discapacidad física e intelectual.
«Su estado físico e intelectual empeoró; necesita terapias permanentes y medicación. Esto ha golpeado fuertemente nuestra economía, pero seguimos luchando por mantenerlo estable», agregó.
Mensaje contundente: El maltrato será sancionado
Para Sybel Martínez, este caso sienta un precedente importante para visibilizar que el maltrato infantil es inadmisible.
«El maltrato disfrazado de disciplina está prohibido en cualquier institución educativa. Es crucial que los docentes y directivos entiendan que no pueden actuar impunemente.»
Sin embargo, también cuestiona que el proceso judicial no fue adecuado para la magnitud de los hechos. «La fiscalía debía investigar esto como tortura y no como un delito de odio», afirmó.
Además, destacó que la docente sancionada se trasladó a otro centro educativo en Ambato, donde continuó trabajando con niños, lo que evidencia graves fallas en el control sobre profesionales sancionados.
Ausencia de apoyo institucional
El caso evidencia una preocupante falta de respaldo institucional por parte de entidades clave como el Ministerio de Educación, que intentó persuadir a las víctimas para que no denunciaran, y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que no estuvo presente durante el proceso.
Esta falta de acompañamiento contrasta con el respaldo moral y legal ofrecido por organizaciones como la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo (APADA), Sybel Martínez y la defensora pública Johana Montesdeoca, a quienes la familia del niño agradece profundamente.
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