Editorial de Radio Pichincha
Una larga jornada democrática se vivió ayer, en medio de días de violencia y muerte, particularmente en la provincia de Guayas. Es difícil dejar de hablar de los asesinatos y del sicariato en particular, que parecería que se naturalizar, normalizar y hasta convertir en parte del folclor cotidiano. Más de dos decenas asesinatos no son cosa de chiste ni de un dato del paisaje.
Por eso, los debates de los candidatos a las prefecturas, en casi todas las provincias, da cuenta de una realidad: sin ser su competencia directa, todos los aspirantes a los gobiernos provinciales mencionan sus planes o acciones para combatir la inseguridad.
Y, paradójicamente, el responsable directo de la inseguridad es el gobierno central. Produce un poco de estupor pensar que el régimen de Guillermo Lasso no sea señalado por muchos de los aspirantes a las Prefecturas. Con eso, con algo hasta de vergüenza, parecería que la inseguridad queda como un asunto de segundo o tercer orden para el gobierno central.
En ese sentido, hay que enfatizar, el mes de enero de 2023 ha sido, hasta ahora, sin llegar ni a la primera quincena, el más violento de las últimas décadas.
Para muchos ya resulta cansón y hasta repetitivo hablar del tema, pero no lo queremos dejar de hacer porque para que los actores políticos y la mafia mediática hay un interés central: distraernos de sus responsabilidades para que la Consulta Popular le sea favorable. Por eso el supuesto periodista y uno de los asambleístas más virulentos ha quedado desnudado en su condición de crear ruido sin resultados, de hacer más ruido que nada, con acusaciones que desde hace rato le correspondían al Gobierno. Es más, si algún sentido tendrían sus supuestas investigaciones ya habría resultados, pero no hay nada.
Lo cierto es que hemos entrado en la campaña electoral y la seguridad está en boca de todos los candidatos, pero hay que decirlo con claridad: si siguen ocultando al principal responsable y la pésima actuación de la Policía Nacional estaremos buscando la temperatura en las sábanas. Por ejemplo: en el presupuesto general del Estado del presente año, se dedicarán 90 millones de dólares para cambiar, en todas las escuelas y colegios, los logos, los sellos y la pintura de los establecimientos. Si una UPC podría crearse y potenciarse con un millón de dólares, que ya es mucha plata, en todo el país podrían existir 90 nuevas UPC para prevenir el delito y actuar con más eficiencia.
Si fuese así, cada provincia podría tener incluso tres nuevas UPC, que bien les hacen falta a muchas regiones del Ecuador. Pero no, ahora el Ministerio de Educación se va a gastar en poner el famoso logo del Gobierno del Encuentro. ¿A quién le otorga ese contrato? ¿Es por régimen especial? ¿A dedo?
Por eso decimos: más debate y más democracia, pero sin odios. Claro, todo eso en un ambiente de paz porque con la inseguridad que vivimos, con algunos candidatos asesinados, nadie puede asegurar que el régimen democrático se nutra de mejores vitaminas y con la posibilidad de generar bienestar a toda la ciudadanía. PUNTO.