En 2023 una unidad judicial de Esmeraldas se quemó y muchas dependencias funcionan en instalaciones arrendadas. Según el Plan Anual de Inversiones, el Ministerio de Finanzas debe destinar los recursos para mejorar la infraestructura del Consejo de la Judicatura, en especial, del área Civil.
Punto Noticias.- Como parte del Plan Anual de Inversiones para este 2024, el Consejo de la Judicatura (CJ) tiene previsto mejorar la infraestructura de las unidades judiciales, sobre todo, del área Civil. Sin embargo, aún no se han canalizado los recursos.
Con corte a agosto de 2024, el Consejo de la Judicatura tiene un presupuesto de apenas USD 96.802 -provenientes de préstamos externos- para invertir en la «Creación y Mejoramiento de la infraestructura civil judicial ajustada al nuevo modelo de la gestión de la justicia».
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha entregado esos pocos recursos para infraestructura.
Inestabilidad trae consecuencias
La inestabilidad en la Presidencia del Consejo de la Judicatura impidió que todos los proyectos de inversión avancen con el ritmo que se tenía planificado y muchos quedaron en intenciones por mejorar el bienestar de los servidores judiciales y la calidad del servicio como se hizo bajo la administración de Gustavo Jalkh.
El 2 de febrero de 2017, el entonces presidente Rafael Correa, junto a Jalkh -como titular de la Judicatura- inauguró el edificio del Complejo Judicial Norte, en Quito, una construcción de 52.000 metros cuadrados que alberga más de 60 salas de audiencia.
En aquella ocasión, el Complejo Judicial fue considerado el más moderno de América Latina y dio la pauta para que se continúe con el plan de mejora de la infraestructura judicial en el país.
Terán buscó mejoras en infraestructura
Con el paso de los años, Wilman Terán intentó hacer algo cuando pasó de ser juez de la Corte Nacional a liderar la Judicatura.
Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2023, a través de la Dirección Nacional Administrativa y las Direcciones Provinciales del CJ, se ejecutó más de USD 1,2 millones en trabajos de mantenimiento de las edificaciones judiciales.
Esto representó el 59,27% del presupuesto destinado para esta labor (más de USD 2 millones).
Así, se dio mantenimiento al sistema de ventilación y aire acondicionado del Complejo Judicial de Santa Elena y se ejecutaron adecuaciones en la cubierta del domo del edificio de la Corte Provincial de Azuay.
Mientras tanto, en Manabí, se realizaron trabajos en el Palacio de Justicia de Manta y en el Complejo Judicial de Chone.
En tanto, en la Unidad Judicial Multicompetente de Pelileo se efectuó la ampliación del área de archivo.
En ese período más de USD 1,6 millones fueron comprometidos a escala nacional para el mantenimiento de varias dependencias judiciales.
La atención a las dependencias judiciales tomó fuerza cuando la madrugada del 2 de junio de 2023 se produjo un incendio en la Unidad Judicial Civil y de Trabajo de Esmeraldas.
La edificación fue afectada: tres oficinas de un piso quedaron en escombros.
Cuatro meses después (3 de octubre de 2023), la falta de asignación presupuestaria provocó que no se tengan dinero para realizar obras de mantenimiento de las fachadas de algunas de unidades judiciales de la provincia de Loja como: Celica, Calvas, Macará y Catamayo.
“No podemos seguir permitiendo que nuestros funcionarios sigan realizando su trabajo en sitios u oficinas con condiciones deplorables, es necesario efectuar estas intervenciones”, sostuvo en aquella ocasión, Terán, quien ahora es procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y obstrucción a la justicia, en Independencia Judicial.
Román y sus intenciones
Tras la salida de Terán, el 20 de diciembre de 2023, Álvaro Román asumió el encargo en la Judicatura. Uno de sus planteamientos fue otorgar un servicio judicial de calidad al usuario en las 24 provincias del país, a través de las 436 dependencias judiciales existentes.
En su informe de Rendición de Cuentas 2023, Román, quien estuvo al frente de la entidad hasta el 16 de julio de 2024, pretendió mejorar la prestación de los servicios judiciales acorde a las distintas connotaciones sociales y a la realidad territorial de cada zona.
Bajo esa visión, Román identificó la necesidad de crear, modificar o reorganizar algunas dependencias judiciales, esto sobre la base de ciertas variables que establecían en qué lugar se requieren estas acciones y el número de jueces para cada una de las dependencias judiciales.
A diciembre de 2023, el 92,65% (más de USD 288 millones) del presupuesto codificado que mantenían las Direcciones Provinciales correspondía a remuneraciones, seguido de aquellas actividades que garantizaban el funcionamiento de las unidades judiciales (arriendos, servicios básicos, servicio de aseo, servicio de seguridad, servicio de correo, mantenimientos), que representaban de manera consolidada el 7,35%.
Lo heredado
Previo a concluir su encargo, Román -en junio de 2024- reajustó el presupuesto para financiar tareas de mantenimiento en dependencias judiciales.
Para lograr este objetivo, se realizaron modificaciones al presupuesto de la institución por un valor de USD 2 millones que fueron orientados a financiar reparaciones estructurales y mantenimiento de equipos de las dependencias judiciales.
En ese mismo mes, el entonces presidente de la Judicatura fue informado sobre el estado de las dependencias judiciales en la provincia de Chimborazo.
El 28 de junio de 2024, el entonces director general del CJ, Hernán Calisto, recorrió las dependencias judiciales de Riobamba y Guano, con el fin de evaluar la situación de la infraestructura judicial e identificar áreas para mejorar el bienestar de los servidores judiciales y la calidad del servicio.
Las unidades judiciales de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia; Violencia contra la Mujer y la Familia; Sala Especializada de lo Civil; Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guano, así como el edificio judicial de Riobamba, que por litigio con la constructora estuvo abandonado por más de 10 años, fueron observadas.
La actual administración
El 16 de julio de 2024, Román terminó su encargo y Mario Godoy asumió la titularidad de la Judicatura.
Un mes después, el 22 de agosto de 2024, Godoy, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, destinó USD 3,8 millones para cubrir las necesidades urgentes de la institución a escala nacional, con el fin de dar continuidad y calidad al servicio de justicia en todo el país.
De esta manera, los recursos fueron dirigidos a cubrir rubros esenciales como servicios básicos, limpieza, arriendos, seguridad, insumos y otros gastos operativos necesarios para el funcionamiento de las Direcciones Provinciales y de la Planta Central de la institución.
Para cubrir este tipo de necesidades urgentes, se destinaron USD 7,3 millones. De ese total, USD 5,9 millones corresponden a las Direcciones Provinciales y USD 1,4 millones a la Planta Central.
Mientras tanto, sigue en espera la implementación del Plan Anual de Inversiones (PAI) de 2024 para mejorar la infraestructura de las unidades judiciales del área Civil.