Hay preocupación en el Gobierno por dos muertes violentas reportadas en un solo día en Imbabura. El funcionario dijo que el Estado debe corregir la inseguridad que se vive, en coordinación con la ciudadanía.
Punto Noticias.- Ante dos muertes violentas registradas en la provincia de Imbabura, en los últimos días, el ministro de Interior, Patricio Carrillo, junto al Gobernador Arturo Fuentes y otras autoridades locales informó sobre las acciones a desarrollarse.
Lo hizo en una rueda de prensa en la que aclaró que Imbabura tiene un promedio de dos muertes violentas al mes, lo que significa que en un año se reportan de 20 a 24 casos. Sin embargo, dijo que al tener dos casos en un día no solo que pone a la Policía Nacional en mal predicamento, sino que es un anuncio de lo que podría pasar.
Comentó que el año anterior la tasa de violencia a escala nacional fue de un dígito y que en este año ya lleva dos por el número de muertes violentas.
Dijo que se disparó la violencia y reconoció que existe una crisis de inseguridad configurada desde varios factores como sociales y culturales que deben ser atendidos por el Estado en coordinación no solo con las instituciones, sino con la población.
Expresó que el presidente Guillermo Lasso está al tanto de la “indudable” crisis de inseguridad que se vive en el país y que ha llegado a niveles críticos, por lo que dispuso una inversión de USD 1.200’000.000 para fortalecer el sistema de seguridad, el ECU-911, la Policía Nacional, el sistema de rehabilitación social, así como se tiene previsto cambiar la política de seguridad ciudadana por una que sea integral que involucre a instituciones y a la población.
Expuso que se planea incrementar personal policial en virtud del crecimiento de las ciudades.
También se revisará el proyecto de construcción de las Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) y de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que quedó incluso y solo se avanzó en un 70%.
Por eso, Carrillo hizo un llamado a los municipios para trabajar de manera coordinada por la seguridad para que se emitan ordenanzas.
En la nueva política de seguridad, los municipios serán incluidos para trabajar con la Policía, Defensa, las Fuerzas Armadas, Gestión de Riesgos, sistema de rehabilitación social y sistema de justicia.
Aseveró que es necesario que el Estado junto con la ciudadanía corrija lo que se está viviendo.
Se mostró consternado por los hechos violentos registrados en Imbabura y señaló que la Dirección de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) efectúa sus investigaciones, porque la muerte, sobre todo, del comerciante en los exteriores de una entidad bancaria y ante la presencia de un niño es un hecho irracional.
También se refirió al otro caso de una muerte al interior de una residencia, producto de una relación entre arrendatario e inquilino.
Comentó que esto es un problema social cuando se arrienda a anónimos que se encuentran en situación irregular, por lo que instó a los arrendatarios a ser responsables con el resto de personas al momento de arrendar.
El ministro acotó que existe anonimato desde el mercado informal de motocicletas que son empleadas para la violencia criminal.
“El crimen organizado no es aislado, hay que entender los fenómenos”, puntualizó.
Añadió que antes teníamos dos grupos delincuenciales (Los Choneros y los Latin Kings) y hoy se fraccionaron en 15 que retan al Estado.
Hizo un llamado a quienes tienen negocios de venta o alquiler de motocicletas, para que no incurran en actos ilegales, ya que pasarían a ser colaboradores.
De igual manera, el funcionario habló sobre la circulación de vehículos anónimos, por lo que anticipó que se harán controles de placas en Imbabura.
Señaló que se establecerán mesas de seguridad desde las cuales se coordinarán acciones por unos 15 días para reforzar la seguridad, a través de Ordenanzas.
Pidió una actuación inmediata de quienes están tras las cámaras de videovigilancia, debido a que si se identificó una motocicleta en un lugar rondando varias veces ya se debió sospechar de algo y dar la alerta.
Sobre las empresas de seguridad privada, mencionó que se piensa revisar sus protocolos, pues no consideró que los guardias actúen en “un centímetro cuadrado”, sino que defiendan los derechos de los ciudadanos.
Insistió en que el Gobierno entregará USD 10.000 para la persona que brinde información sobre el asesino del comerciante.
En este caso aclaró que los indicios balísticos determinaron que mataron al hombre con un revólver calibre 38 y adelantó que existe la presunción de un mercado de alquiler de armas para ciudadanos que están en condiciones migratorias de irregularidad.
Convocatoria para formar policías
Carrillo expresó que se hará una convocatoria para formar a nuevos policías. El Gobierno aspira sumar 30.000 uniformados.
A su vez, dijo que se requerirán más agentes penitenciarios. El llamamiento arrojó 10.000 inscritos, pero se seleccionarán 1.400.
Sistema de rehabilitación social
Sobre este punto dijo que es urgente analizarlo, ya que hay quienes han sido afectados psicológicamente ante las masacres suscitadas.
Agregó que el sistema penitenciario acarrea problemas estructurales, de hacinamiento, seguridad y hasta de falta de tecnología.
Carrillo enfatizó que hay un abuso de las medidas jurisdiccionales y habeas corpus que deben ser analizadas por la administración de justicia, para que los casos no queden en la impunidad.
Censo a migrantes
El secretario de Estado manifestó que se trabaja con la Cancillería y la Subsecretaría de Migración para adelantar un censo, con el fin de tener un registro hasta biométrico de los extranjeros que están en situación irregular en el país.