El terrorismo busca paralizar a la sociedad y al Estado, para permitir que grupos delincuenciales puedan seguir actuando en su negocio, agregó.
Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional, reconoció que no existen indicadores de eficiencia, en los que se proyecte la reducción de muertes violentas, argumentando que apenas el 3 de mayo de 2023, se firmó el decreto a través del que se declara al terrorismo como amenaza del Estado.
El 2022 concluyó con 26 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y en lo que va de 2023 se registran 17 por cada 100 mil personas. Al ser consultado de si existen proyecciones para reducir dichos índices, Moncayo puntualizó que aquello sale del nivel político.
“Estos temas técnicos están en la planificación, pero no me pida que hoy se pueda tener índices de eficiencia”, reiteró.
Respecto a los plazos para bajar los niveles de inseguridad, el general en servicio pasivo Paco Moncayo puntualizó que no se puede hablar de mediano o corto plazo, pues las acciones deben presentarse desde ahora.
Decreto de terrorismo
En entrevista con Ecuavisa, Moncayo aseveró que el decreto define quiénes son terroristas por sus acciones y no por la organización delincuencial a la que pertenecen, puesto que son grupos que mutan, cambian y son flexibles, por lo que, por ejemplo, no se puede descartar que Los Choneros cambien de nombre para seguir operando.
“La acción que desarrolla una persona o un grupo, eso es el acto terrorista”
Otra de las características que mencionó Moncayo es que estos grupos violan la soberanía nacional, atacando a comunidades, mutilando personas o colgando cadáveres de puentes.
“El terrorismo busca paralizar a la sociedad y al Estado, para permitir que grupos delincuenciales puedan seguir actuando en su negocio”.
Moncayo puntualizó que las estrategias de este tipo de organizaciones son de índole económico y político, esto último porque trabajan para cooptar jueces, legisladores, militares, policías y otras instituciones estatales para que el Estado funcione conforme a sus intereses.
Sobre el tercer inciso del decreto donde se ordena al SNAI tomar previsiones de seguridad para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que eventualmente sean sometidos a procesos judiciales, Paco Moncayo subrayó que no se trata de una advertencia sino de bridar una seguridad adicional a los uniformados.