La comisión para reformar pensiones del IESS, que fue conformada por el presidente Guillermo Lasso, propone mantener la edad mínima de jubilación en 60 años. Pero subir a 35, los años de aportación.
La comisión conformada en enero y liderada por Augusto de la Torre, exjefe del Banco Mundial para América Latina, analizó durante cuatro meses cómo hacer sostenibles los seguros de invalidez, vejez y muerte, en medio de críticas de organizaciones sociales y sindicales.
Este lunes, la comisión debía presentar tres propuestas clave al sistema de pensiones al presidente Lasso. El martes, a la sociedad civil. Entre otras constan:
- Aumento gradual en el número de años para determinar la pensión, es decir, haciendo un promedio y no los 5 mejores años.
- Reforma de la tabla para calcular la edad de retiro y el tiempo de beneficios jubilares.
- Reajuste en la edad mínima y años de aporte para jubilarse, lo que incrementaría cinco años, pasando de 30 a 35. Sin embargo, De La Torre ha sostenido que se mantendrían los 60 años como tope de jubilación.
Estas reformas han causado preocupación entre los afiliados y pensionistas, quienes argumentan que «no les alcanzará la vida para jubilarse».
Mirian Angos acudió a la matriz del Seguro Social, en la 10 de Agosto y Bogotá, en el centro norte de Quito. Contó que ella es enfermera y actualmente le faltan 10 años de aportes para jubilarse. Este cambio hará que deba esperar hasta los 68 años.
«Nosotros simplemente saldríamos a morir. Como enfermeras velamos y hacemos turnos rotativos. No es justo para la vida del ser humano querer aumentarnos cinco años más. Sacrificamos familias y nuestra vida», asegura la ciudadana.
También comentó que aportar durante 35 años le parece excesivo, considerando que muchas personas inician su vida laboral tarde debido a la falta de oportunidades laborales. Y, no todos los trabajos afilian a sus trabajadores.
Para Henry Llanes, representante de los jubilados, la posible aplicación de estas medidas representaría una regresión de derechos. Las nuevas generaciones serían las más afectadas. Aunque De La Torre sostenga que no se propondrá aumentar la edad de jubilación, cree que es un «juego de palabras».
Posiblemente enviarán la propuesta a la Corte Constitucional como decreto-ley de urgencia económica, dice. Pero sostiene que no es viable ya que no procede. «Pero si lo hacen, estamos listos para expresar nuestro fundamento de que los recursos de los afiliados no pertenecen a las finanzas públicas».
De La Torre ha indicado que la comisión ha dialogado con expertos y miembros de la sociedad civil para plantear ideas en torno a estas reformas. Además, ha contado con el apoyo técnico del IESS y de otros organismos, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes han colaborado en la elaboración de la propuesta de carácter no vinculante.
Sobre esto, Patricia Borja, abogada experta en temas relacionados al Institutito Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), indica que es necesario analizar los insumos que el IESS proporcione para argumentar estas recomendaciones y qué tan “precisos y actualizados son”.
Además, destaca que si el Gobierno decide enviar la propuesta como decreto-ley tendrán que revisar la justificación o motivación brindadas.
“Esto debe pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Luego del dictamen del segundo decreto-ley y de las reformas en materia de Seguridad Social emitidas por la Corte, creería que difícilmente podría existir un dictamen favorable”, resaltó.
Otro de los puntos que se abordan en las reformas es la posible modificación para incentivar la jubilación voluntaria. Tras la entrega de la propuesta quedará en manos del Ejecutivo considerar o no los cambios.