Las leyes estadounidenses no permitirían conocer detalles sobre estos funcionarios, sin antes pasar por un proceso de asistencia penal internacional.
De acuerdo con la legislación de los Estados Unidos, las autoridades ecuatorianas no podrían hacer público ninguno de los nombres de los generales a los cuales se les ha retirado la visa de ese país, así lo reveló la ministra de Gobierno, Alexandra Vela La tarde de este miércoles 12 de enero en la Asamblea Nacional.
La funcionaria explicó que la atribución para retirar u otorgar una visa es de competencia única y exclusiva del Estado norteamericano, pero mencionó que el Gobierno de este país podría considerar la entrega de esa información a través de canales judiciales penales internacionales; lo que quiere decir que esta posibilidad existe únicamente dentro de un proceso de carácter investigativo – penal que surja en el Ecuador y luego mediante un mecanismo de asistencia penal internacional, se solicite dicha información.
Dicha investigación, sin embargo, deberá esperar a que se reciban los informes correspondientes de la Policía Nacional y se hayan efectuado las respectivas investigaciones internas.
Una vez que se tenga toda la información, Vela indicó que presentará la denuncia respectiva, además añadió que “en el instante en el que exista el más mínimo indicio de una infracción de carácter penal, de manera inmediata, presentaré esa denuncia a la fiscalía general”.
El escándalo estalló durante el mes de diciembre, cuando el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, señaló que se encontraba muy preocupado debido a la existencia de una fuerte infiltración del narcotráfico en el Ecuador y principalmente en las fuerzas del orden, por lo que su país, mediante investigaciones particulares, procedería a revocar las visas de dichos implicados.
Sin embargo, el embajador se mostró reticente a dar mayor información sobre los nombres, la cifra o la participación de los implicados en la cúpula actual.
El Ministerio de Gobierno, por su parte, puso en marcha algunas investigaciones contando con el Consejo de Generales y puso a disposición del presidente Guillermo Lasso el cargo de toda la cúpula policial y solicitó a la Contraloría el examen especial a las declaraciones patrimoniales de los generales y de sus familiares, todo esto en el marco del escándalo por supuestas irregularidades en el ascenso de generales efectuado a mediados del 2021.
Redacción: Ángel Cóndor