Humanizar la administración de justicia; generar un mecanismo de proporcionalidad en la sanción de las penas; reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; e impulsar el debate sobre la despenalización del aborto, cuando el embarazo es fruto de una violación, son los cuatro ejes sobre los que gira el paquete de reformas al COIP presentado por el Defensor Público Nacional, Ernesto Pazmiño, en junio del año anterior, a la Comisión Legislativa de Justicia.
Para fundamentar su propuesta, este miércoles, acudió a la mesa parlamentaria el funcionario, quien señaló que el proyecto suyo busca modificar alrededor de 50 artículos del Código Penal.
“Estamos tratando de destrabar muchos candados que tiene el COIP para luchar contra la corrupción; por ejemplo, la exigencia que establece que como requisito de procedibilidad para iniciar un juicio penal por peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, se necesita el informe previo de auditoría de la Contraloría, con indicios de responsabilidad penal. Esa es una traba que amarra a la Fiscalía y no le permite cumplir su función”, en opinión de Pazmiño.
A criterio del Defensor Público Nacional, la normativa penal actual favorece a quienes cometen delitos graves, como peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, que han sido sancionados máximo con un año de cárcel, mientras que a quienes cometen delitos menores, como robo de un celular, se les imponen sanciones de nueve años cuatro meses de prisión.
El funcionario espera que sus propuestas de reformas al COIP sean acogidas por la mesa de Justicia y aprobadas por la legislatura.