“Los jueces y fiscales deben tener la seguridad necesaria para realizar su trabajo. Insto a las autoridades a garantizar que todos los ataques y amenazas sean investigados”, concluyó.
Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, expresó su gran preocupación por los ataques violentos y la intimidación que sufren los funcionarios oficiales de justicia, incluidos jueces, fiscales y funcionarios, así como los edificios judiciales en Ecuador.
Estos sucesos, aseguró, se han vuelto más preocupantes tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante un evento de su campaña electoral en Quito, la capital ecuatoriana, el pasado 9 de agosto.
“Estoy consternada por la gran vulnerabilidad de los funcionarios de justicia. Estas amenazas parecen ser especialmente pronunciadas para quienes se ocupan del crimen organizado y casos de corrupción”, alertó Satterthwaite.
De la misma manera, alertó que estos ataques socavan la independencia del sistema judicial, al tiempo que impactan directamente en el trabajo de jueces y fiscales en su lucha por garantizar el estado de derecho.
La relatora especial también indicó que se violan las garantías y libertades fundamentales de las víctimas cuando los funcionarios deben tener la seguridad necesaria para llevar a cabo su trabajo.
Satterthwaite instó a las autoridades ecuatorianas a velar por la preservación de estas condiciones para el buen desempeño del poder judicial.
“Los jueces y fiscales deben tener la seguridad necesaria para realizar su trabajo. Insto a las autoridades a garantizar que todos los ataques y amenazas sean investigados y que todos los jueces y fiscales de Ecuador estén adecuadamente protegidos y puedan hacer su trabajo”, subrayó.
Entre 2022 y 2023, cuatro fiscales fueron asesinados y varios funcionarios judiciales han sido objeto de intimidaciones y amenazas, en tanto varios jueces penales sobrevivieron a ataques físicos e intentos de asesinato. En ese período, varias instalaciones judiciales recibieron amenazas de bomba.
Solo en la región de Manabí se registraron 13 ataques y amenazas contra funcionarios judiciales.
Para concluir, la Relatora Especial recalcó que ha estado en contacto con el Gobierno del Ecuador para abordar estos casos.