Radio Pichincha reveló algo que ha sido recogido por la poca prensa que algo hace de periodismo todavía: Juan Carlos Larrea Valencia es accionista del Banco de Guayaquil, desde marzo de 2009. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) lo designó como nuevo procurador General del Estado. Y lo hizo sin ruborizarse. Es más, el presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, defendió su designación y dijo que Larrea no recibió impugnaciones durante el proceso.
Si lo hace Ulloa, un ferviente seguidor e hincha de Guillermo Lasso, evidentemente no tiene ninguna justificación y menos legitimación. Es más, Ulloa hará lo que desde Carondelet le pidan, tal cual demostraron los audios de Aparicio Caicedo. Así que no hablamos desde la nada o por puro prejuicio contra quien entró a la Presidencia del Consejo de Participación por la ventana y custodiado pro la Policía.
Ulloa ha dicho que, “en el caso de que se hubiese presentado dicha impugnación, lo habrían rechazado”. Y para él, además: «No es ningún impedimento».
Por supuesto, no se presentó ninguna impugnación porque manejaron todo con tanta discreción y dejando de lado que en su currículum no aparecía esa relación societaria con el Banco del Presidente de la República. Tras la revelación de radio Pichincha es que, AL FIN, algunos medios y el mismo Ulloa salen a hablar del tema.
¿Es malo que sea socio de un Banco con su dueño en la Presidencia de la República? POR SUPUESTO QUE SÍ. Más o menos como si un empleado de ese banco y más si es socio se despojara de sus intereses económicos y financieros, de un día para otro. IMPOSIBLE. Ya tenemos ejemplos, en este gobierno, sobre intereses económicos y personales de los asesores ad honorem o ministros, como el de Energía, que JAMÁS HAN PUESTO EL INTERÉS NACIONAL en su gestión y en la defensa del Estado.
El Procurador General del Estado es el abogado del Estado. Tiene la enorme responsabilidad de defender, por encima de cualquier otra consideración, lo que compete a todo el país. Un Procurador del Estado cuando tenga que decidir entre las afectaciones al negocio mayor del Presidente de la República, su banco, ¿se afectará a sí mismo siendo también uno de los accionistas de ese Banco? ¿En serio?
Ya estamos grandecitos, hemos pasado por muchos casos, en los últimos cinco años, con ministros, fiscales, procuradores, contralores y quienes han dirigido el Consejo de Participación, defendiendo a los grandes poderes fácticos, con la complicidad de la mafia mediática, como para aceptar sin beneficio de inventario las palabras del seudo presidente de ese Consejo de Participación, el señor Hernán Ulloa.
Así que no nos engañemos. Esa designación no es legítima, no es ética, está viciada desde su origen. PUNTO.