Autoridades alertaron de expedientes de reos incompletos, pérdida de documentos, así como la inadecuada infraestructura que, en algunos casos, no tienen agua potable permanente.
Punto Noticias. En la Comisión de Seguridad y Soberanía se realiza una fiscalización a la crisis carcelaria, con la comparecencia de los integrantes del Sistema de Rehabilitación Social. El defensor del Pueblo (e), César Córdova, alertó la precaria situación del personal penitenciario.
Este lunes 18 de octubre, Córdova dijo que han identificado que existe un déficit del personal de seguridad y vigilancia penitenciaria, además, son mal pagados, sin capacitaciones ni equipamiento.
“Nuestras principales preocupaciones son los recursos insuficientes para suplir las necesidades”, agregó.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dijo que se ha realizado visitas y verificación de las condiciones laborales.
Córdova señaló que previo al 2007, había un hacinamiento a un 200%. Mientras que, entre 2007 y 2014, se dio la creación del Ministerio de Justicia y se redujo el hacinamiento por campañas emprendidas y la construcción de Centros de Rehabilitación Social. Desde el 2014 a la actualidad, dijo, se duplicó la población penitenciaria, en el marco de entrada en vigencia de las reformas al COIP.
Córdova también alertó problemas de infraestructura e indicó que no es la inadecuada porque no hay suficiente ventilación en las cárceles, las condiciones sanitarias son deficientes o inexistentes en algunos casos. Además, alertó que no hay una alimentación y acceso a la salud adecuados.
Varios Centros de privación de Libertad, incluso, no tienen provisión de agua potable permanente. Por ejemplo, dijo, la cárcel de Cotopaxi.
“Es urgente implementar una política pública de prevención del delito para una verdadera rehabilitación social, una gestión oportuna de beneficios penitenciarios, aplicación de indultos y fortalecer seguimiento de PPL que obtienen libertad”, aseguró el defensor encargado.
En lo que va del año, dijo, se registran 242 víctimas mortales, incluyendo las tres masacres de febrero, julio y septiembre.
Otro de los problemas que mencionó Córdova es que más de 10 mil PPL cumplen con el tiempo para acceder a beneficios penitenciarios o cambio de régimen, a julio 2021. Sin embargo, los procesos están represados. Sin avanzar estos casos, por otro lado, hay un abuso excesivo de la prisión preventiva, que representa un 70% en relación de las otras medidas cautelares.
“Existe una centralización de la revisión de expedientes en Quito; demora en revisión de jueces y juezas; pérdida de expedientes; y existe la necesidad de implementar más Jueces de Garantías Penitenciarias”, afirmó.
Además, reveló que hay una falta de personal de salud en relación al número de PPL. Por ejemplo, indicó que en el Centro Rehabilitación del Guayas existen 16 profesionales de medicina para 16 mil reos. Tampoco hay medicamentos ni atención psicológica y psiquiátrica.