Los bloques están ubicados en la Amazonía y comprenden unos USD 2.000 millones en activos. El plazo del contrato vence el 31 de diciembre.
Punto Noticias.- Con la reversión del contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de los bloques 16 y 67, ubicados en la Amazonía, el Ministerio de Energía se abrió un frente con la empresa Petrolia.
Anteriormente, los bloques señalados estaban en manos de Repsol (de origen español), pero luego pasaron por una venta de acciones en el exterior a New Stratus Energy (NSE), para más tarde llamarse Petrolia.
En el oficio MEM VH 2022 0515 OF del 11 de noviembre de este año, el viceministro de Hidrocarburos, Rubén Espín, comunicó a Ramiro Oswaldo Páez Rivera, apoderado de Petrolia, que el “plazo de vigencia del contrato modificatorio es hasta el 31 de diciembre del 2022”.
Bajo ese parámetro, el viceministro pidió una reunión inmediata para tratar el proceso de reversión (restitución o vuelta de una cosa al estado que tenía), de acuerdo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas. La cita está prevista para el 16 de noviembre, a las 09:00.
En su escrito el funcionario se refirió, entre otras normas legales y constitucionales, al artículo 29 de la Ley de Hidrocarburos que indica que al término de un contrato de exploración y explotación por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa ocurrida durante el período de explotación, el contratista o asociado deberá entregar a la Secretaría de Hidrocarburos “sin costo y en buen estado de producción los pozos que en tal momento estuvieran en actividad, y en buenas condiciones todos los equipos, herramientas, maquinarias, instalaciones y demás muebles e inmuebles que hubieren sido adquiridos para los fines del contrato; así como trasladar aquellos que la Secretaría señale a los sitios que ella determine”.
En su misiva, Espín señaló que el Ministerio en los oficios del 03, 18 y 30 de octubre, le ha solicitado a la empresa brindar las facilidades necesarias, conforme lo establecen los contratos suscritos, a fin de que los servidores delegados por parte del Ministerio y, en particular, de EP Petroecuador, ingresen a los bloque 16 y 67 para realizar la verificación y constatación de los bienes, equipos e instalaciones y de su operatividad.
Pese a este particular y al no haberse dado las facilidades, el secretario de Estado insistió a la empresa para que permita el ingreso del personal a los bloques y así continuar con la hoja de ruta establecida para el proceso de reversión.
Ramiro Páez Rivera, apoderado de Petrolia Ecuador, contestó la comunicación del Viceministerio indicando que, según su parecer, lo que le corresponde al Ministerio en este momento es dar paso a la conformación de una comisión negociadora para proceder con la migración contractual.
“El Ministerio siempre tuvo pleno conocimiento de que nuestro interés e intención están orientados a solicitar la ampliación del plazo de los contratos, cambio de modelo contractual y comprometer nuevas inversiones”, precisó.
Como parte de su pronunciamiento negó la pertinencia de la reversión y espera que se designe la comisión negociadora del Estado.
A su vez, aclaró que el Ministerio de Energía, como representante del Estado ecuatoriano, es la contraparte contractual, a partir de la fusión por absorción que se diera con la Secretaría de Hidrocarburos, por lo que no reconoció a Petroecuador como contraparte.
Petrolia indicó, además, al viceministro que el 23 de febrero de este año la empresa había solicitado el inicio de las negociaciones tendientes a la migración de los Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos de los bloques antes mencionados a la modalidad contractual de participación y el correspondiente incremento del plazo.
En su comunicado Páez explicó que la renegociación de los contratos habilitaría el compromiso de la empresa de llevar a cabo nuevas inversiones por más de USD 200 millones durante los primeros dos años.
El representante de Petrolia Ecuador puntualizó que siempre han actuado con buena fe, con un cabal cumplimiento de sus obligaciones y una clara intención de invertir en beneficio del país. Sin embargo, ante cualquier violación de sus derechos, advirtió que Petrolia y sus accionistas se reservan el derecho a iniciar todas las acciones que fueren necesarias, judiciales y/o arbitrales, bajo la ley ecuatoriana y el derecho internacional.
Para el ministro de Energía, Fernando Santos, el problema con esta empresa es el tiempo, pues de conformidad con el contrato original de Repsol cualquier extensión de contrato debía haberse iniciado dos años antes de la terminación del contrato. Y en este caso, falta un poco más de un mes para que concluya y los campos regresen a Petroecuador para volverlos a licitar.
Para el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, la decisión del Ministerio es correcta, pues ampliar el contrato como pretende la empresa representaría para el país un perjuicio que ascendería a USD 2.000 millones.
La razón es que los bloques producen unos 15.500 barriles diarios, que representan el 14% de la producción petrolera privada del país. Además, ambas áreas comprenderían unos USD 2.000 millones en activos.