El vértigo no se detiene en Brasil. Ante la posibilidad de que Lula Da Silva u otro candidato del Partido de los Trabajadores pudiera imponerse en las elecciones previstas para el año próximo, el gobierno ilegítimo de Michel Temer se apresta a encarar un plan de privatizaciones exprés. 57 empresas públicas pasarían a manos privadas, entre las que también hay terminales aeroportuarias, líneas eléctricas y autopistas.
El plan se propone recaudar 14 mil millones de dólares para subsanar las cuentas del Estado. Si bien todas las privatizaciones escandalizan, la del segundo aeropuerto más importante del país, el de Congonhas, en San Pablo y el de la Casa de la Moneda, configuran el mayor escándalo, por los negocios que pueden significar para las empresas que se apropien de ellos.
La puesta en marcha de esta nueva fase fue decidida ayer en una reunión del Consejo del Programa de Asociaciones en Inversiones (PPI) de la Presidencia, un órgano multiministerial que define el modo de realización de las privatizaciones del patrimonio estatal brasileño y las concesiones a la iniciativa privada.
Wellington Moreira Franco, ministro de la Secretaría de la Presidencia, repitió el latiguillo eterno de que las privatizaciones generarán empleo y mejorarán la calidad del servicio, cantinela escuchada en todos los rincones del planeta y donde hasta ahora no se ha sucedido que sea verdad.
La economía brasileña está en un momento muy delicado con una caída del consumo interno brutal, desempleo creciente y una fuerte recesión. En 2015 el PBI se retrajo un 3,8 % y en 2016, se redujo otro 3,6 %, se calcula que este año se detendrá este retroceso, pero los números no son nada alentadores y la aplicación de recetas que no funcionaron en el pasado, tampoco auguran buenos resultados.