La legisladora Ana Herrera reclamó en el debate porque el Ministerio de la Mujer ejecutó el 0 %.
Punto Noticias. Este jueves 11 de mayo de 2023, con 104 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe sobre la ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022. Se desprende un pedido de juicio político.
Mireya Pazmiño (Conaie), presidenta de la Comisión de Régimen Económico, dijo que la Asamblea no aprobó el presupuesto de ese año porque incumplía varias disposiciones legales y no satisfacía las necesidades ciudadanas, por lo que se presentaron varias observaciones al Ejecutivo.
El Presupuesto General del Estado de 2022 fue de USD 33 889 millones; el codificado ascendió a USD 35 570 millones y se devengaron USD 34 843 millones, por ingresos; es decir, un 97.5 % de ejecución; mientras que, por el lado de los egresos, se devengaron USD 34 126 millones, un 95.94 % de ejecución.
En esa línea, Pazmiño expresó su preocupación porque no se han entregado recursos para atender los sectores de salud (medicinas e insumos para los hospitales), para seguridad, dotación de insumos para la cedulación e identificación de la población, entre otros.
En el debate, la legisladora Ana Herrera (UNES) manifestó que se evidencia indolencia del Gobierno por la falta de ejecución del presupuesto para la atención prioritaria de la salud, educación, seguridad, desnutrición infantil y la inacción de algunas carteras de Estado, como el Ministerio de la Mujer, que ejecutó el 0 %.
Jahiren Noriega (UNES), por su parte, sostuvo que el Gobierno ha perpetuado la austeridad y ha relegado la atención de los derechos sociales. “La falta de ejecución presupuestaria en seguridad, salud, educación es la muestra del desinterés por los problemas que le agobian al país”, dijo.
Guido Chiriboga (BAN) reclamó que el informe está sesgado a conveniencia de intereses particulares, mientras que Nathalie Arias (BAN) sostuvo que el documento no refleja la realidad de la ejecución del PGE.
El informe preparado por la Comisión de Régimen Económico fue aprobado con 104 votos a favor y recomienda el inicio de un proceso de juicio político al Secretario Nacional de Planificación, por su inasistencia al pedido de comparecencia para tratar el informe de ejecución.