El especialista dijo que en la pregunta 8 se elimina lo referente a los servicios ambientales que no pueden generar propiedad, lo que abre la ventana para un proceso de privatización
Walter Bustos, especialista ambiental, señaló que las preguntas 7 y 8 de la consulta popular respecto al medio ambiente, inducen al engaño. Y, demuestran muy poca ética porque son temas que ya están garantizados en la Constitución y leyes del Ecuador.
Pregunta 7
La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que estas no gozan de su protección.
¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
Sobre el tema, Bustos detalló que la Constitución ya incluye las áreas de protección hídrica en el sistema nacional de áreas protegidas. Tanto así que existen 17 creadas, la reciente ubicada en Cayambe.
Enfatizó que la misma Ley del Agua en su artículo 78 define a las áreas de protección hídrica como aquellas donde existen fuentes de agua declaradas de interés público para abastecer el consumo humano o garantizar la soberanía alimentaria.
“Ya están incluidas las áreas hídricas en el sistema nacional de áreas protegidas”.
Pregunta 8
La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales.
¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?
Bustos informó que la compensación ya se prevé en los programas Socio Bosque, Socio Manglar y Socio Páramo, por prestación y cuidado de servicios ambientales. Así se han conservado más de un 1.6 millones de hectáreas de ecosistemas nativos, beneficiando a 120 mil personas distribuidas en 23 de las 24 provincias.
Sin embargo, alertó que en la pregunta se elimina una parte importante referente a los servicios ambientales que no pueden generar propiedad, lo que abre la ventana para un proceso de privatización: “No es claro porque también terminan diciendo que serán debidamente regulados por el Estado”.