La negativa del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, a la entrada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo pone contra las cuerdas. A las sucesivas movilizaciones populares exigiendo su renuncia, ahora también desde el Poder Judicial piden su apartamiento.
El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, presentó una debida ejecutoria del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado fin de semana.
La orden exige que se remueva de sus cargos por desobediencia tanto a Morales, como a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel y al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quienes ejecutaron la prohibición de la entrada al país del actual jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
Al haberse realizado estas negativas siguiendo las ordenanzas burocráticas, existen las pruebas de la orden presidencial para el rechazo a la llegada de Velásquez y, a su vez, la nota diplomática al secretario general de la ONU, António Guterres, pidiendo un listado de reemplazantes del cargo al frente de la CICIG.
A su vez, la Procuraduría exige la autorización de ingreso al país para Velásquez y que Naciones Unidas defina la situación en la CICIG sin imposiciones ni ultimátums del gobierno de Morales.
Representantes de organizaciones de mujeres, autoridades ancestrales, defensores de derechos humanos, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), entre otras, asistieron a la conferencia de prensa realizada por el PDH para manifestar su apoyo a la acción presentada.
Con información de El Periódico.