El Código de la Niñez y Adolescencia exige proteger la imagen de niños, niñas y adolescentes ante riesgos como el acoso y la estigmatización. Las sanciones por infringir esta normativa pueden llegar a USD 500.
El periodo electoral en Ecuador ha puesto sobre la mesa un tema polémico: la utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de 16 años en eventos de proselitismo político.
Aunque aún no ha comenzado oficialmente la campaña, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha emitido un comunicado recordando la prohibición establecida en el Reglamento de Promoción Electoral, que impide estrictamente el uso de la imagen de NNA en publicidad electoral financiada con recursos del Fondo de Promoción Electoral.
Esta norma, que busca proteger la integridad y los derechos de los menores frente a la exposición política, se limita a la pauta publicitaria, que es aprobada por el Consejo; sin embargo, los actos de campaña se quedan fuera de la observación de la entidad electoral.
Marco normativo
El Código de la Niñez y Adolescencia establece que los menores de edad no deben ser utilizados en actos de proselitismo político o religioso, imponiendo a las autoridades y organizaciones el deber de tomar medidas para garantizar los derechos de los menores.
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son las encargadas de vigilar el cumplimiento de esta normativa, pudiendo actuar de oficio o por denuncia en caso de vulneraciones.
Karina Fernández, miembro de la Junta de Protección de Derechos de Quito, explica que las autoridades están en alerta constante para detectar casos de uso indebido de menores en actividades políticas:
«Estamos activos frente a la vulneración de derechos hacia NNA. Es lamentable que, en escenarios de inicio de campañas políticas, los menores sean utilizados por actores políticos que aún no toman conciencia de las consecuencias».
Daño psicológico y social
Exponer a los niños, niñas y adolescentes en contextos de propaganda política puede tener repercusiones profundas en su desarrollo y bienestar psicológico.
Según Fernández, las imágenes de menores en actos de campaña pueden quedar grabadas en redes sociales, persistiendo en el tiempo y convirtiéndose en material susceptible de acoso o «bullying» cuando los niños crezcan. Este riesgo está presente, aún cuando los padres autorizan el uso de la imagen de sus hijos sin considerar los impactos a futuro.
«Los menores podrían ser víctimas de acoso escolar o social al estar ligados a un político o una ideología que, en el futuro, podría ser contraria a sus creencias o visión», comenta Fernández.
Además, señala que existen riesgos adicionales cuando estos actos se desarrollan en establecimientos educativos, ya que, de acuerdo con la normativa, está prohibido el uso de estos espacios para fines políticos, incluso cuando no haya participación directa de NNA.
Sanciones y medidas administrativas
El incumplimiento de esta normativa acarrea sanciones para los infractores. Según el artículo 248 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, tanto las organizaciones políticas como los padres pueden recibir multas de entre 100 y 500 dólares por cada vulneración de derechos.
Además, el contenido donde aparecen niños, niñas y adolescentes, debe retirarse de los medios o editarse para garantizar su privacidad.
La Junta de Protección de Derechos tiene la facultad de iniciar procedimientos administrativos para sancionar estos actos, independientemente de que exista o no una denuncia previa.
El papel del CNE y la responsabilidad social
Si bien el CNE regula la publicidad electoral financiada con fondos públicos, las Juntas de Protección de Derechos tienen un rol activo en el monitoreo de otros casos, incluso cuando la propaganda política no esté financiada con recursos públicos.
Este tipo de vigilancia requiere de la colaboración de la ciudadanía, que debe evitar compartir imágenes de menores en proselitismo y denunciar los casos de uso indebido.
«La corresponsabilidad de la sociedad es fundamental: no difundir ni replicar imágenes de NNA en propaganda electoral y denunciar cuando se observe un caso», recalca Fernández.