La esposa del exdefensor del Pueblo afirma ser víctima de represalias de parte de la Fiscalía. Mientras, el Cpccs deberá entregar información del concurso de Fiscal.
Punto Noticias.- Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, alertó que la Fiscalía comenzó con las represalias en su contra y la de sus hijos, al sacarlos del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos.
En su cuenta de Twitter, Schettini cuestionó esta decisión, al señalar que existen ocho denuncias por agresión, intimidación y robo sin investigar. Sin embargo, sostuvo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) debe investigar cómo la fiscal Diana Salazar obtuvo su cargo si se la cuestiona por un supuesto plagio del contenido de un libro, así como por denuncias que tiene en su contra.
Schettini dijo que se solicitó al Cpccs toda la carpeta que Salazar presentó para el concurso en el que ganó con una calificación que fue cuestionada y que luego le representó ser catalogada como “la fiscal 10/20”.
La esposa de Carrión, sentenciado a tres años por el supuesto delito de abuso sexual, dijo que la información sobre la designación de Salazar es pública y que tienen derecho de acceder a ella, según el artículo 18 de la Constitución. «A qué le tiene miedo. Usted sabe que el caso Carrión fue armado”, precisó.
🔴#ATENCIÓN | @PrisSchettini, esposa del exdefensor del Pueblo, #FreddyCarrión, denuncia que ella y sus hijos fueron sacados del Sistema de Protección de Victimas y Testigos de @FiscaliaEcuador. ⬇ pic.twitter.com/u6QY0i9eFW
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) May 19, 2023
A través del grupo de abogados de Acción Jurídica Popular, se solicitó al Cpccs copias certificadas del examen escrito de Salazar, actas de la prueba oral, de documentos que avalan méritos y del libro Análisis jurídico del delito de lavado de activos en caso de flagrancia, de apenas 37 páginas, sin contar el prólogo y la bibliografía, que Salazar presentó. Y que -según Schettini- habría sido tomado de sus tesis de maestría y plagiado a Julio Varela, supuestamente.
En tanto, desde el nuevo Consejo de Participación Ciudadana se menciona que esa información es pública y que está en el portal web.
Salazar, a través de un comunicado, recordó que fue elegida en un concurso público de oposición y mérito a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
Tras las afirmaciones expuestas en su contra, la Fiscal General indicó que son solo difamaciones que se han difundido por redes sociales y medios de comunicación y que no son más que nuevos intentos de manchar casos sentenciados. Y así conseguir la impunidad. Incluso, la Fiscalía pidió una copia certificada de los documentos que se emitieron durante el proceso de selección de fiscal.
El consejero del Cpccs, Augusto Verduga, rechazó que desde la Fiscalía se trate de amedrentar a un Consejo, que tiene cuatro días en funciones.
Expuso que han tratado de crear un encuadre, diciendo que el Cpccs estaría adulterando o archivando ciertos documentos de la postulación de Diana Salazar.
Alembert Vera, presidente del Cpccs recién posesionado, denunció lo que llamó intimidaciones de la Fiscalía. La entidad abrió una indagación previa en contra de los siete consejeros, para que se entregue la información del concurso con el que Salazar se convirtió en Fiscal General.
Para Vera eso es un acto repudiable pues no era necesario que se abra una indagación, solo se pedía información mediante oficio o una llamada.