El representante legal también insistió en que se cumpla con el acto administrativo con el cual el Consejo de Participación Ciudadana realizó la designación.
Punto Noticias.- Durante su comparecencia en la Asamblea Nacional para analizar la acción que derivó en que no sea posesionado como superintendente de Bancos, Raúl González, y su abogado Robert Friend, pidieron que no se acate la sentencia de la jueza que anuló el proceso y se cumpla con el acto administrativo que ejecutó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Ante los integrantes de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez, González defendió la legalidad de su designación como superintendente de Bancos, pues dijo que el Cpccs lo escogió de una terna enviada, en legal y debida forma, por el presidente Guillermo Lasso.
González se mostró indignado por la información que ha circulado en medios de comunicación, sobre todo, de formato digital.
Dijo que el inconveniente nació el pasado 19 de julio cuando presentó su plan de trabajo ante el Consejo de Participación Ciudadana, pues minutos después de su exposición, el presidente de ese organismo habría puesto en duda su designación, a partir de un tuit emitido por un ciudadano.
El ingeniero aclaró que no tiene contrato alguno con el Estado y que presentó el certificado correspondiente. Sin embargo, precisó que se habló en medios digitales de conflictos de intereses, pues se pretendería vincularlo con el caso SUCRE, debido a que actuó como liquidador del Banco Territorial, cargo que permitió recaudar importantes valores para la devolución a los depositantes de esa institución bancaria.
Mientras, su representante legal indicó que su cliente tiene derechos adquiridos como superintendente de Bancos por el acto administrativo de designación dispuesto por el Consejo de Participación.
Friend sostuvo que, pese a la acción de protección y la sentencia emitida por la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial de Samborondón, González no tendría impedimento alguno para que la Asamblea lo posesione en el cargo.
Precisó que existen varias irregularidades en el procedimiento para la acción de protección interpuesta en Samborondón y que la jueza no podía dar paso a la petición de la ciudadana Michelle Guerra, por supuestas vulneraciones de derechos en el proceso de elección del nuevo superintendente.
Si bien los vocales del Consejo de la Judicatura fueron convocados a comparecer, para que expliquen todo lo relacionado con el procedimiento disciplinario seguido en contra de la jueza Ibarra, no acudieron.
El pasado 31 de julio, el asambleísta Luis Almeida (PSC) pidió que se analice el caso de González, quien fue designado por el Consejo de Participación el pasado 20 de julio y estaba prevista su posesión para el 29 de julio. Sin embargo, una acción judicial anuló lo actuado por el Cpccs y ahora se espera que el Ejecutivo remita una nueva terna.
Previo a esta diligencia, la defensa de González insistió en que se interpondrán demandas a quienes bloquearon la posesión de su cliente.