Un año particularmente violento en el que la delincuencia organizada atacó a civiles, policías, jueces, UPC, e instituciones. Al menos, 352 eventos con artefactos explosivos se reportaron hasta fines de noviembre.
Punto Noticias.- Todo ataque dirigido contra una persona, sus derechos o bienes es un atentado y va en contra de lo dispuesto en las leyes.
El 2022 fue un año excepcional, nos convertimos en Colombia de fines de los 80 e inicios de los 90, cuando los carteles del narcotráfico querían hacer sentir su poder con ataques terroristas. Pero en nuestro caso, las bandas criminales asumieron el control desde las cárceles. Desde ahí ordenaban cualquier movimiento en contra de quienes representaban una amenaza para su organización. Civiles, policías, jueces, Unidades de Policía Comunitaria (UPC), e instituciones educativas fueron su blanco.
Si bien, el 27 de enero de 2018, el país amaneció con la noticia del primer atentado terrorista en su historia, los casos se acrecentaron en este año.
En aquella ocasión, un coche bomba explotó en las inmediaciones del cuartel policial de San Lorenzo, en Esmeraldas. A causa del acto terrorista 23 personas quedaron heridas y 37 casas resultaron afectadas. Ese fue apenas el inicio de una ola de crímenes en la frontera con Colombia.
Cuatro años después, la inseguridad se apoderó de Ecuador, la lucha por el poder entre los jefes de las bandas criminales y los decomisos de cargamentos de droga provocaron que la situación se salga de control y ni los estados de excepción tuvieron los resultados esperados, al menos, no al inicio.
El comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, indicó que hasta el 29 de diciembre, se decomisaron en el país 8.853 armas de fuego, cuando 15 días antes la cifra alcanzaba las 8.500.
🔴#ATENCIÓN | 8.500 armas se han incautado en #Ecuador, en lo que va de 2022. Además, se ha incautado más de 335 toneladas de droga, detalla el comandante general de la @PoliciaEcuador, Fausto Salinas, durante la entrega de equipamiento. "La delincuencia sigue actuando", dice. pic.twitter.com/1QkvQe5Ovf
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) December 14, 2022
En noviembre, el ministro del Interior, Juan Zapata, expuso que las muertes violentas se redujeron en Guayas, en un 37%; en Santo Domingo, un 75%; mientras que en Esmeraldas hubo una disminución del 48%, en el marco del Estado de Excepción.
Asimismo, expresó que 690 personas fueron detenidas y 16 bandas desarticuladas, en las tres provincias. A su vez, a escala nacional, 2.878 personas fueron detenidas.
Si bien noviembre fue un mes de atentados, en diciembre no pararon las muertes violentas. En un solo día, se dieron 31 muertes violentas.
La cifra se dio a conocer el 6 de diciembre de la siguiente manera: Los Ríos (8), Guayaquil (10), Santo Domingo de los Tsáchilas (2), Guayas (2), Esmeraldas (3), El Oro (3), Santa Elena (1), Quito (1), y Tungurahua (1).
Para finalizar el 2022, Zapata expresó que se cerrará la tasa de muertes violentas con 25,09 fallecidos por cada 100.000 habitantes, siendo las provincias más peligrosas: Esmeraldas, Guayas, El Oro, Santo Domingo y Santa Elena.
Dijo que el 83% de esas muertes estaría relacionado con el narcotráfico y la lucha entre bandas delincuenciales por el poder.
EVENTOS CON ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
Un total de 352 eventos con artefactos explosivos registró la Policía Nacional desde enero hasta el 27 de noviembre. Algunos de ellos fueron parte de las acciones perpetradas por bandas delincuenciales que hicieron que el 2022 se convirtiera en uno de los años con mayores índices de violencia.
La explosión en Cristo del Consuelo suscitada en agosto pasado, en Guayaquil, marcó esta serie de hechos.
Para el mayor Luis Vinueza, jefe de Planificación de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional, esto obedece a factores socioeconómicos, culturales y políticos.
De esos 352 eventos, 216 fueron parte de la alerta ciudadana de objetos sospechosos y ante ello, el personal especializado de la Policía efectuó -en su mayoría- una explosión controlada. Mientras, que 77 de ese universo, fueron explosiones efectivas.
La mayoría de este tipo de hechos se registraron en Guayaquil, subzona Guayas y Esmeraldas.
El jefe de la Policía expresó que en esta serie de sucesos no están alejadas las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), ante reportes que se han dado en un perímetro de 150 metros a la redonda. Solo en las UPC fueron 23 eventos con alertas de explosivos hasta noviembre.
Uno de los eventos que marcó a la Policía Nacional fue el ataque a la UPC de Socio Vivienda 1, en Guayaquil, en donde balearon a la agente Verónica Songor.
De otro lado, en las unidades educativas en similar perímetro, 10 escuelas fueron observadas por 16 eventos.
Ante esta situación, la Policía activó un plan de acción para prevenir y reducir los actos delictivos a escala nacional.
FUNCIÓN JUDICIAL EN LA MIRA
Ante los actos de violencia reportados en las calles, los magistrados, fiscales, defensores y otros funcionarios judiciales denunciaron -en junio- ser el principal blanco de amenazas por parte de criminales o miembros de bandas delictivas.
En ese mes, el Consejo de la Judicatura dio a conocer que en los últimos tres años, 43 servidores judiciales fueron amenazados y solicitaron protección policial.
Un caso que llamó la atención a mediados de año fue el atentado en contra del fiscal de Naranjal, César Peña, quien recibió en la puerta de su casa un ramo de flores con un mensaje en el que se le exigía que se apartara de la investigación de un tema de delincuencia organizada bajo la amenaza de serias consecuencias.
Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos fueron hasta junio, las provincias con mayor número de casos. Hasta esa fecha se dieron 10 nuevas solicitudes de protección y resguardo. Sin embargo, a la par existían casos de funcionarios judiciales que perdieron la vida como sucedió el pasado 25 de mayo, cuando un grupo de criminales acribilló en Manta a la fiscal Luz Marina Delgado.
Un hecho similar ocurrió seis días después de la muerte de la fiscal manabita, cuando la Unidad Judicial del cantón Pueblo Viejo, en Los Ríos, fue asaltada por criminales, quienes creyendo que las oficinas se encontraban ocupadas, abrieron fuego sin importarles la seguridad del resto del personal de la institución. En este atentado, el juez pudo salir ileso, debido a que ese día no se encontraba en su despacho.
Con este antecedente, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, exigió al Gobierno mayor protección y garantías para ejercer su trabajo.
El 27 de mayo, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, declaró en emergencia al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, debido a la disminución presupuestaria, ya que solo se contaba con 119 agentes a escala nacional para proteger a 1.100 personas en riesgo.
Para el 14 de octubre, los jueces penales de Esmeraldas, provincia con alto índice delincuencial, pidieron protección policial al Ministerio del Interior. La protección dura seis meses y se puede extender por un período similar, si es necesario.
A través de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, los operadores de justicia interpusieron una acción de protección.
El 25 de agosto, se dio el asesinato de Nelson Patricio Yánez Paredes, juez de la Unidad Multicompetente de Lago Agrio, en Sucumbíos. El operador de justicia fue baleado al salir de su casa.
Un mes después, el juez multicompetente Víctor G., del cantón Shushufindi, en Sucumbíos, sufrió un atentado cuando se movilizaba en su vehículo con tres personas más.
ATENTADOS EN GASOLINERAS
Noviembre empezó con una serie de atentados, la mayoría con uso de explosivos.
En el kilómetro 21, vía Chone, en el sector Nuevo Israel, un bus fue incendiado mientras se encontraba al interior de la gasolinera P&S.
En Santo Domingo de los Tsáchilas un vehículo fue abandonado al interior de una estación de servicio de Petroecuador. Los antisociales prendieron fuego al automotor e intentaron hacerlo explotar. Al percatarse de lo ocurrido, los trabajadores del lugar apagaron el incendio.
OTROS EVENTOS
En diciembre, operaciones de inteligencia permitieron retener un vehículo que transportaba artefactos explosivos, armas y droga, en el sector La T, en Milagro, que eran utilizados para atentados criminales. En la intervención se dio un enfrentamiento armado con presuntos integrantes de los “Chone Killers”.
En este mes, también se dio un atentado con explosivos en la Isla Trinitaria y dejó siete viviendas y un vehículo afectados.
🔴#ATENCIÓN | Un atentado con explosivos se registró la madrugada de este 13 de diciembre en la Isla Trinitaria, #Guayaquil, que dejó 7 viviendas y 1 vehículo afectados. ⬇
📸@Cupsfire_gye pic.twitter.com/P3YECfaSBV— Radio Pichincha (@radio_pichincha) December 13, 2022
A esta serie de sucesos, se suman el atentado contra el candidato a la alcaldía de Portoviejo, Javier Pincay, y el ataque con arma de fuego en contra de la vivienda del alcalde del cantón Junín (Manabí), Jonás Intriago.
También se reportaron varias amenazas de bomba en Quito. La primera se registró en el Palacio de Carondelet, ubicado en el Centro Histórico, y la segunda en el edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el norte de la ciudad.
EL GOBIERNO RESPONDE
El pasado 14 de diciembre, el Gobierno entregó a la Policía Nacional 180 vehículos y 400 motos, con el fin de fortalecer la seguridad y combatir a la delincuencia.
Estamos fortaleciendo la fuerza del orden con más equipos y policías. Hoy hacemos la entrega de 180 vehículos y 400 motos para reforzar los recorridos de vigilancia por las calles y combatir así, la delincuencia. pic.twitter.com/0Mv1VkwjBH
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) December 14, 2022
ADVERTENCIA DE LA ONU
Desde el 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya advertía una nueva era de conflictos y violencia, en la que los grupos nacionales son los protagonistas y no los Estados. A esto añadieron el uso de herramientas tecnológicas para programar ataques.
En la actualidad, la delincuencia causa más muertes que los conflictos armados. En 2017, por ejemplo, hubo casi medio millón de víctimas de homicidio, cifra que supera las 89.000 víctimas causadas por conflictos armados activos y las 19.000 que murieron en ataques terroristas.
La ONU aseveró que si las tasas de homicidio siguen en aumento en todo el mundo, será difícil reducir significativamente todas las formas de violencia hasta el 2030.
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