“Esto no es solo un ataque a nuestra organización, sino a todas las instituciones que defienden los derechos humanos en el país. Es un atentado contra la democracia misma”, afirmó la presidenta de la organización.
El pasado 21 de noviembre, Quito fue escenario de una manifestación que terminó en un alarmante despliegue de fuerza policial y múltiples violaciones a los derechos humanos, según denunció Verónica Yuquilema, presidenta de Inredh (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos).
Yuquilema relató los abusos cometidos por agentes de la Policía Nacional contra integrantes de su organización y otros manifestantes, en lo que calificó como «un claro mensaje autoritario del Gobierno Nacional».
Según su testimonio, dos defensores de derechos humanos de su organización fueron detenidos, golpeados e incomunicados a pesar de estar claramente identificados con cascos azules y distintivos de su institución.
El relato de Yuquilema destaca que estas detenciones se realizaron sin justificación legal.
Uno de los detenidos fue atacado mientras intentaba registrar el nombre de un adolescente arrastrado por la Policía.
Posteriormente, los defensores fueron liberados sin cargos ni documentación de su arresto, lo que confirma la irregularidad del procedimiento, destacó la defensora de derechos humanos.
El equipo de Inredh estuvo presente en la movilización social para monitorear el desarrollo de la protesta y registrar posibles actos de violencia policial. Según Verónica Yuquilema, presidenta de Inredh, su objetivo era documentar la situación en terreno, como lo han hecho durante más de 30 años como institución de derechos humanos.
Además, su trabajo incluye la identificación y registro de personas detenidas o afectadas, con el propósito de dar visibilidad a las vulneraciones de derechos y garantizar el respeto a los derechos humanos durante las manifestaciones.
Violencia física y psicológica
Los detenidos sufrieron agresiones físicas y psicológicas. Uno de ellos mostró desorientación tras su liberación, evidenciando el impacto del maltrato recibido. Además, la Policía gaseó a los manifestantes, incluyendo a adolescentes y estudiantes, quienes también fueron detenidos de manera arbitraria y luego liberados sin explicación.
Este patrón de abuso no es nuevo. Según Yuquilema, el 15 de noviembre se registraron detenciones similares, algunas acompañadas de torturas.
Estos hechos, sumados al operativo policial desmedido con entre 1.400 y 2.000 agentes desplegados, reflejan un uso excesivo de la fuerza que va más allá de lo permitido por la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza.
Autoritarismo gubernamental
Yuquilema cuestionó el autoritarismo del gobierno de Daniel Noboa, señalando que su administración ha adoptado un discurso contrario a los derechos humanos. Las declaraciones de la ministra del Interior, Mónica Palencia, negando el derecho a manifestarse, contradicen la Constitución, que garantiza la resistencia como un derecho fundamental.
“Esto no es solo un ataque a nuestra organización, sino a todas las instituciones que defienden los derechos humanos en el país. Es un atentado contra la democracia misma”, afirmó Yuquilema.
El gobierno de Daniel Noboa justificó la intervención policial en las protestas bajo la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, lo cual, según Yuquilema, no legitima los abusos cometidos.
La presidenta destacó que el uso progresivo de la fuerza «debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y no ser un pretexto para reprimir violentamente».
La Corte Constitucional ha ratificado que el derecho a la resistencia y a la protesta no puede ser limitado, ni siquiera bajo decretos excepcionales.
Sin embargo, Inredh denunció que las recientes declaraciones de la ministra del Interior, Mónica Palencia, contradicen este principio y reflejan una postura que «criminaliza a las organizaciones de derechos humanos».
Se buscará denunciar a nivel internacional
Inredh se comprometió a denunciar estos abusos tanto a nivel nacional como internacional, buscando justicia para las víctimas. Yuquilema instó a la ciudadanía a no dejarse amedrentar por el discurso gubernamental:
“La democracia se construye con más derechos, no con su vulneración”.
Se espera que Defensoría del Pueblo de Ecuador y otras entidades se pronuncien y adopten medidas concretas para garantizar que los derechos de quienes ejercen la resistencia sean respetados.