Las críticas sobre el proyecto del Código Orgánico Integral de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca señalan que esta propuesta beneficia a la agroindustria y la agroexportación.
El debate en la Asamblea Nacional sobre el proyecto del Código Orgánico Integral de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca ha provocado un fuerte rechazo de sectores campesinos, indígenas y sociales, pues se estaría dejando de lado la soberanía alimentaria y vulnerando los derechos de los pequeños productores.
«Estamos frente a un riesgo de hambruna”
Romelio Gualán, dirigente de la Coordinadora Nacional Campesina, manifestó su preocupación por las implicaciones de este proyecto.
Según Gualán, «este código intenta desaparecer a los pequeños agricultores, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país».
También destacó que el modelo de desarrollo propuesto prioriza los intereses del agronegocio, lo que, según él, agravará la pobreza y la exclusión de las comunidades rurales.
«Estamos frente a un riesgo de hambruna», advirtió Gualán, al señalar que la falta de políticas públicas para enfrentar la crisis climática y apoyar a los pequeños productores ha profundizado las desigualdades.
Los efectos del cambio climático, como la reducción de lluvias en la Amazonía y la Sierra, sumados a incendios forestales y problemas de acceso al agua, agravan aún más la situación de los agricultores, aseguró.
Impactos del proyecto en derechos y biodiversidad
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la promoción de semillas certificadas, que, según Gualán, impactará negativamente el conocimiento tradicional y la biodiversidad agrícola. Estas semillas, controladas por grandes corporaciones, incrementan los costos de producción para los campesinos.
Gualán ilustró este problema: «Un kit de semillas de maíz puede costar hasta 500 dólares, dejando a los pequeños productores en desventaja frente a las grandes agroindustrias».
Además, el dirigente cuestionó la falta de enfoque en las mujeres rurales, quienes son guardianas de semillas y esenciales en la lucha por la soberanía alimentaria.
Según él, «el proyecto ignora completamente su papel, evidenciando una perspectiva excluyente».
Propuestas campesinas y alternativas al modelo actual
Frente al proyecto, las organizaciones campesinas han demandado su archivo inmediato y proponen construir una ley que incluya a todos los sectores. Gualán enfatizó:
«No estamos en contra del desarrollo, pero este debe respetar los derechos colectivos, la naturaleza y garantizar la soberanía alimentaria».
También planteó la importancia de promover la agroecología como un modelo alternativo, capaz de enfrentar el cambio climático y asegurar la producción sostenible de alimentos.
El proyecto pasó el primer debate en el pleno de la Asamblea
La Asamblea Nacional de Ecuador realizó el pasado 19 de septiembre primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria y Pesca.
Para el ponente del informe, Jaminton Intriago, esta normativa busca fomentar el desarrollo y protección del sector agropecuario, promoviendo la seguridad y soberanía alimentaria.
Puntos clave de la propuesta:
- Seguridad jurídica, atracción de inversión extranjera y créditos con tasas preferenciales.
- Innovación, capacitación técnica y acuerdos internacionales.
- Respuesta al cambio climático y fortalecimiento de la soberanía alimentaria.
«Nunca ha existido un Código de Reactivación Agropecuaria y Pesca que beneficie a pequeños y medianos productores, sin perjudicar a grandes empresas agrícolas productoras», expresó Intriago.
Sectores excluidos de la discusión
Sin embargo, la Plataforma de organizaciones por la Soberanía Alimentaria, denunció que se los excluyó de la elaboración del proyecto, a pesar de que 84 organizaciones, 38 emprendimientos y 223 personas presentaron observaciones en la fase de consulta.
Además, aseguran que el avance del proyecto ignora la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional que exige un proceso de consulta prelegislativa, señalando que los argumentos de la Comisión de Soberanía Alimentaria para evitar esta consulta son insuficientes.
«Es necesario reaccionar y legislar para los 18 millones de ecuatorianos, no para los intereses de unos pocos», dijo al respecto, Romelio Gualán. Además, llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y defender el derecho a una alimentación digna.
Por ahora, el proyecto está nuevamente en la Comisión de Soberanía Alimentaria para la elaboración del informe de segundo debate.
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