La funcionaria insiste en que es la única presidenta y que hay un boicot para la designación de autoridades.
Punto Noticias.- El impasse entre Sofía Almeida y los consejeros de la nueva mayoría (Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo) por la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) provoca advertencias entre cada bando.
Almeida, quien defiende su cargo y denuncia que los cuatro vocales negocian quitarse de encima una investigación por concusión, pidió a la Asamblea Nacional que posesione a los suplentes si no asisten más de tres veces a las sesiones.
En junio de 2021, Almeida fue reelegida como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana con el apoyo de David Rosero, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán. Pero Estupiñán le quitó el respaldo denunciando irregularidades en esa mayoría.
Producto del alejamiento, el 9 de febrero, Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán, formaron una mayoría e instalaron una sesión ordinaria permanente y removieron del cargo a Almeida y Rosero como vicepresidente.
Los consejeros nombraron a Ulloa y a Rivadeneira como presidente y vicepresidenta, respectivamente.
Esta acción fue vista por Almeida como un golpe de Estado, que tendría el apoyo del Gobierno de Guillermo Lasso para dirigir los concursos de elección de autoridades.
A pesar de haber dos presidentes en el Consejo, Almeida aclaró que no y que la medida cautelar que interpuso la protege ante cualquier acto que pueda tocar el tema de su remoción o destitución.
Dijo que ella sigue trabajando normalmente a pesar de que los consejeros de mayoría le cambiaron la denominación de presidenta a consejera en el sistema de gestión documental Quipux.
A través de un comunicado, el Gobierno emitió un comunicado en el que se señala que respetan la decisión tomada en el Consejo y avalan las decisiones judiciales.
Almeida dijo que no pensó que los cuatro consejeros fueran a llegar a una arbitrariedad, pasándose toda ley y el Estado de derecho.
Sostuvo que defenderá los intereses ciudadanos y no sucumbirá a presiones como lo han hecho los cuatro consejeros, de quienes insistió que tienen una denuncia por concusión, porque hay un audio de Estupiñán en el que habla con una postulante (a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial) y le dice que debe reunirse con otros consejeros.
Ante la acusación de que durante su presidencia los consejeros han sido maltratados, manifestó que no se han portado a la atura y vinieron fraguando un plan de boicot, que lo denuncié.
Afirmó que no hay vacío legal, porque el artículo 40 de la ley del Consejo establece que durará en funciones en la presidencia la mitad del período para el cual fue electa, y la presidencia es electa por dos años.
“No hay para dónde mirar, la ley es clara y no indica la remoción en ninguno de los puntos de las atribuciones del Consejo”, precisó.
Sobre el tema de designación de autoridades, dijo que a pesar de los pocos recursos están avanzando en los concursos de selección del contralor, defensor público y renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Almeida mencionó que ha convocado a continuar con os concursos, pero dijo que con el boicot lo que se busca es retrasarlos.
“Esto es un claro ejemplo de cómo sirven a estos grupos de poder y a ciertos partidos políticos”, exclamó.
Ante lo que califica como boicot por la inasistencia a sesiones de la nueva mayoría puntualizó que, si los consejeros no quieren trabajar, habría que descontarles los sueldos por no ir a sesionar.
Acotó que convocará a los suplentes y pidió a la Asamblea Nacional que los titularice, que los posesione a aquellos que aún no se han posesionado.
Mientras Ulloa, quien para la mayoría es el presidente del Consejo, emitió un comunicado en el que parecería que amedrenta a los funcionarios para que hagan acciones que van en contra de la ley.
Almeida comentó que Ulloa no tiene una acción de personal que certifique que es el presidente, pero señaló que hay que estar atentos al accionar del Ministerio del Trabajo.
Fuente: El Universo, redes sociales