Horas antes de la audiencia, Diana Salazar presuntamente le dijo a Villavicencio que la sentencia sería “2-1”, en el caso investigado por el entonces periodista.
Punto Noticias.- Los supuestos chats del teléfono celular del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023, revelan que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, habría conocido con anticipación la sentencia en el caso Singue, en el que uno de los principales procesados fue el exvicepresidente Jorge Glas.
Entre el 20 y 25 de enero de 2021, Salazar habría intercambiado mensajes con Villavicencio, quien en ese entonces era periodista de investigación de los portales La Fuente y Focus y esperaba el 7 de febrero de ese año, ganar una curul en la Asamblea Nacional como así sucedió.
En las conversaciones del 25 de enero, a las 08:01:36, Villavicencio le consulta a Salazar: “Buenos días, ¿sabe qué va a pasar en Singue?”, a lo que la fiscal le habría respondido: “2-1”.
Los jueces del “2-1” serían José Layedra y Javier de la Cadena, quienes votaron a favor de la sentencia en contra de los procesados, e Iván León, el juez ponente que salvó su voto.
Cotejamiento de horas
Ese 25 de enero se conoció la sentencia de primera instancia del Caso Singue y Radio Pichincha cotejó las fechas y horas del desarrollo de la audiencia realizada ese día.
Con información oficial de la Corte Nacional de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, se comprobó que la diligencia fue convocada para las 12:00, es decir casi cuatro horas más tarde de la presunta conversación entre Salazar y Villavicencio.
Mientras, el fallo se conoció a las 13:40 por otra publicación de la misma Fiscalía en la red social Twitter, actualmente X.
#URGENTE | #CasoSingue: Tribunal sentencia a 7 de los procesados, entre ellos el exvicepresidente Jorge J. y los exministros Wilson P. y Carlos P. Y., como coautores y cómplices del delito de peculado. ⬇️ #FiscalíaEc #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/yvX2OThskx
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 25, 2021
Esto reflejaría que supuestamente la Fiscal General conocía de antemano cómo se iba a dar la votación en el Tribunal, lo que le habría informado a Villavicencio.
Si bien el caso Singue terminó, posteriormente, en nulidad, la exposición de los supuestos chats de Villavicencio recordó parte del proceso judicial.
La sentencia de primera instancia
El 25 de enero de 2021, los jueces José Layedra y Javier de la Cadena dictaron la sentencia de primera instancia en contra del exvicepresidente Jorge Glas; los exministros de Energía Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor; y otras cuatro personas, al ser hallados culpables del delito de peculado, en la contratación de servicios de exploración y explotación del campo Singue.
#Ahora|Tribunal Penal de la @CorteNacional, integrado por Dr. Iván León (ponente), Dr. Javier de la Cadena y Dr. José Layedra, reinstala audiencia de juzgamiento, por presunto delito de peculado en contra de los ciudadanos Jorge G. y otros, dentro del proceso No 17721-2019-00002. pic.twitter.com/zDXSZA6U9E
— Corte Nacional de Justicia (@CorteNacional) January 25, 2021
Glas, Pareja y Pástor, junto con César Guerra, fueron condenados a ochos años de prisión por el delito de peculado en calidad de coautores del delito.
Mientras que Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos (funcionarios de rango medio) fueron sentenciados a cuatro años en calidad de cómplices, debido a que sus acciones coadyuvaron a la comisión del delito.
Para los procesados Lorena Espinoza, Alfonso Jiménez, Alfredo Herrera, René De Mora, Julio Cárdenas, Francisco S., Jorge Andrade y Silvana Pástor, quienes formaron parte de comisiones y que por su función solamente cumplieron disposiciones, se ratificó su estado de inocencia, debido a que el Tribunal no encontró elementos suficientes en su contra.
Además, como reparación integral al Estado, se dispuso el pago de USD 5 millones que debían ser asumidos de forma proporcional, según la participación de los sentenciados.
El voto salvado del magistrado Iván León se centró en que no hubo la existencia del delito de peculado.
El caso Singue
Para la Fiscalía, el delito se configuró en el contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue, adjudicado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda., y la firma Gente Oil Development LLC (DGC), en la que se cometieron aparentes irregularidades, por incumplimiento de requisitos legales.
Durante el proceso, el perjuicio al Estado se habría producido al fijar un precio de USD 33,5 por barril, es decir, menor al valor de la oferta inicial y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo en ese campo.
El Tribunal añadió que los sentenciados contaban con información privilegiada sobre las reservas de crudo en Singue y que conocían que sus acciones no eran apegadas a la ley.
¿Eran esos jueces quienes debían conocer el caso Singue?
El 14 de noviembre de 2019, el entonces juez nacional Iván Saquicela, quien asumió la presidencia de la Corte Nacional el 5 de febrero de 2021, llamó a juicio a los 15 procesados.
Pasaron cerca de cuatro meses (12 de marzo de 2020) para que se conforme el Tribunal de Juzgamiento en el caso Singue, que estuvo integrado por los jueces nacionales Iván León (como ponente), Marco Rodríguez y Wilman Terán (posteriormente presidente del Consejo de la Judicatura y actualmente procesado en los casos Metástasis, Independencia Judicial y Pantalla).
Ese día, los jueces Rodríguez y Terán fueron reemplazados por los entonces conjueces Javier de la Cadena y José Layedra, debido a licencia por vacaciones.
¿Cuál fue el origen del caso Singue?
Fernando Villavicencio, en ese entonces periodista de investigación y opositor de Rafael Correa, se atribuyó la autoría del caso Singue, en el año 2015.
“El país no supiera nada, ni siquiera qué es eso de Singue, si no fuese por una investigación periodística de nuestro portal Focus del año 2015, donde proyectamos la primera denuncia”, aseguró Villavicencio en una entrevista en el programa digital “Desde la Fuente”, difundido el 27 de octubre de 2020.
Resaltó que fue él, quien entregó los documentos de su investigación al entonces contralor general subrogante, Pablo Celi, quien posteriormente emitió un informe con responsabilidad penal en contra de las personas involucradas en la adjudicación del contrato petrolero.
El informe de Celi fue remitido a la Fiscalía General del Estado para que inicie el proceso penal correspondiente.
Pablo Celi se autoproclamó contralor subrogante el 7 de junio de 2017, en el inicio del gobierno de Lenín Moreno, tras no acatar su remoción dispuesta por el entonces contralor titular, Carlos Polit.
Moreno le dio el respaldo a Celi y, posteriormente, fue ratificado como contralor subrogante por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo.
El Consejo Transitorio nació de una consulta popular promovida por Lenín Moreno y se encargó de remover a las autoridades de control de ese entonces: fiscal General, procurador General, jueces de la Corte Nacional de Justicia, jueces del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional Electoral y superintendentes.
Pablo Celi fue la única autoridad que no fue removida y durante su gestión emitió cerca de 40 informes con responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa y de sus excolaboradores.
El excontralor subrogante terminó en prisión el 13 de abril de 2021 por el caso Las Torres, en el que posteriormente, junto a su hermano y otras personas, fue declarado culpable del delito de delincuencia organizada.
#ATENCIÓN | Caso #LasTorres: #FiscalíaEc fue notificada con la sentencia escrita. Tribunal señala: los hechos probados demuestran que 11 personas (incluido el excontralor Pablo C.) formaron parte de una estructura delictiva para cometer delitos de corrupción y lavado de activos. pic.twitter.com/PpbHBpw5Jp
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 5, 2023