La expulsión de Jaramillo se dio en marzo de este año, por publicar tuits en contra del entonces presidente del Partido, Guillermo Herrera.
Punto Noticias. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto la expulsión del asambleísta Alejandro Jaramillo del Partido Izquierda Democrática, Lista 12, dispuesto por el Consejo Nacional de Ética y Disciplina de la organización política, en marzo de este año. «La justicia electoral ecuatoriana nos ha dado la razón», dijo Jaramillo.
El Consejo de la ID sustentó su expulsión por supuestamente haber cometido una infracción, al publicar tweets en contra del entonces presidente del movimiento, Guillermo Herrera, causando un “daño determinante al prestigio del partido”.
“La división del bloque legislativo pudo derivar en la pérdida de un espacio relevante de accionar político para los asambleístas electos por el partido Izquierda Democrática, es decir, que se habría provocado un daño irremediable a la acción política delineada para el periodo 2021 – 2025”, dice el documento firmado por Carmen Paucar, presidenta del Consejo de Ética y Disciplina.
Jaramillo presentó ante el TCE un recurso subjetivo contencioso electoral, que fue aceptado este 5 de agosto de 2022.
La justicia electoral ecuatoriana nos ha dado la razón 🍊💪🏽
Gracias a la militancia y a las bases que jamás dudaron 🇪🇨😎 pic.twitter.com/orE3UJHaEV
— Alejandro Jaramillo Gómez (@JaramilloG_A) August 5, 2022
El Tribunal dispone al movimiento naranja que en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de este viernes, elabore y apruebe un Reglamento de Trámites para la anunciación, conocimiento y resolución de las infracciones de los afiliados, en el que se consideren las garantías constitucionales del debido proceso.
“Dicho instrumento normativo será difundido entre los afiliados y miembros de la organización política para garantizar el principio de transparencia y el derecho a la seguridad jurídica”, reza la sentencia del organismo electoral.
Además, ordenó que en el plazo de seis meses, se realice un curso de capacitación a los directivos y afiliados de la organización política, en relación a la garantía de sus derechos, al cumplimiento de sus obligaciones y a la normativa del proceso disciplinario interno.