Sobre esto, la activista Priscila Schettini detalló que este dictamen es una acción constitucional obligatoria, de inmediato cumplimiento.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá ofrecer disculpas públicas, mediante su página web, a las integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular, Angélica Porras y Priscila Schettini, por la sentencia que emitieron en su contra, por supuesta violencia política de género.
El juez electoral, Fernando Muñoz, resolvió, el pasado 6 de junio, que la fiscal General, Diana Salazar, fue víctima de violencia política de género que afectó a su imagen personal y profesional, de parte de la abogada Porras y la activista Schettini.
La sentencia
Fernando Muñoz impuso una multa de USD 22.500 sobre Priscila Schettini y de USD 13.500 en contra de Angélica Porras, además de suspenderles sus derechos políticos por dos años.
El juez también dispuso que ambas profesionales ofrezcan disculpas públicas a la fiscal, así como también que bajen de sus redes sociales todas las publicaciones donde califiquen a Diana Salazar como “Lady Impericia”.
🚨Juez del TCE #FernandoMuñoz INVESTIGADO x la Fiscal General,nos ha sentenciado x Violencia Política de Género
NO nos retractaremos de las denuncias de #PLAGIO,NI pediremos DISCULPAS
Si eso significa CÁRCEL,aquí estaremos
Nosotras tenemos lo q #DianaSalazar NO tiene,LA VERDAD pic.twitter.com/0ajeAw1pZM
— Priscila Schettini (@PrisSchettini) June 7, 2024
¿Conflicto de intereses?
La activista por Derechos Humanos, Priscila Schettini, denunció que Fernando Muñoz emitió la sentencia anteriormente mencionada, puesto que tiene una investigación abierta en su contra, en la Fiscalía General del Estado.
A criterio de Schettini, el juez Fernando Muñoz favoreció a Diana Salazar con el fin de que el proceso penal se frene. Por esta razón, tanto ella como Angélica Porras, solicitaron una acción de acceso a la información pública.
“El señor Muñoz solito estaba llamando para nombrar a los conjueces ocasionales con el fin de apurar nuestra sentencia de segunda instancia. Esa información la pedimos y no nos contestaron hasta el día de la audiencia”, detalló la abogada Angélica Porras.
TCE deberá pedir disculpas públicas
La Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, con sede en la parroquia Quitumbe, aceptó la acción presentada por Schettini y Porras, por lo que el Tribunal Contencioso Electoral está obligado a entregar la información con la que se basaron para dictar sentencia en su contra, en un plazo máximo de 48 horas.
Asimismo, da un plazo de 30 días para que el TCE pida disculpas públicas a ambas integrantes del Colectivo Acción Jurídica Popular y dispone a la Defensoría del Pueblo a que capaciten a los jueces electorales en el derecho ciudadano de acceder a información de las instituciones públicas.
Sobre esto, la activista Priscila Schettini detalló que este dictamen es una acción constitucional de obligatorio e inmediato cumplimiento.
“Para que entreguen información sobre la sentencia de violencia política y entreguen un folleto donde engañan a la gente como si nuestra sentencia estuviera ejecutoriada”, agregó.
Y es que, Angélica Porras y Schettini alertaron que, el pasado 15 de julio, el TCE presentó un folleto donde se refiere a la sentencia en su contra, emitida por Fernando Muñoz, como si ya estuviese ejecutoriada, como ejemplo del trabajo que realiza el organismo electoral en materia de violencia política de género.
🚨Cooperación Internacional da $$ para PERSEGUIR@TCE_Ecuador USA FONDOS de: @PNUDEcuador,@UNIONEUROPEA,@MAECgob,@CooperacionESP para publicar la SENTENCIA ESPURIA x Violencia Política en nuestra contra,q NO ESTÁ EN FIRME y q fue x DENUNCIAR el #Pagio de la Fiscal #DianaSalazar https://t.co/ee8loKB37f pic.twitter.com/utR1qSoVvs
— Priscila Schettini (@PrisSchettini) July 18, 2024