El alcalde de Guayaquil enfrenta una denuncia en el ámbito judicial y fue sancionado por violencia política de género por el TCE.
Punto Noticias.- Nuevamente el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está en el ojo de la opinión pública, no solo porque el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lo sancionó, sino porque por el caso Triple A se reactivará.
El TCE sancionó a Álvarez por ejercer violencia política de género en contra de la asambleísta Lucía Jaramillo, de ADN, por lo cual deberá pagar una multa de USD 9.600 y ofrecer disculpas públicas a la legisladora.
Sanción del TCE a Aquiles Álvarez
La denuncia en contra del alcalde de Guayaquil se dio porque calificó a Jaramillo como “pobre niña vaga”, al asegurar que cuando era concejala del Partido Social Cristiano (PSC) “pasó vagando” en el Municipio de Guayaquil.
La expresión de Álvarez surgió cuando la legisladora lo acusó de estar relacionado con supuestas actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de combustibles. Y ahora el alcalde afirmó que no pedirá disculpas.
El caso Triple A
Precisamente, el caso Triple A se iba a reactivar este 6 de noviembre, pero por un problema de salud del Juez de la causa, no se instaló la audiencia en la que se iba a formular cargos por el presunto delito de almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.
El pasado 23 de julio, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó siete allanamientos en Guayaquil y Milagro, provincia del Guayas, en el marco de una investigación por supuesta comercialización ilegal de combustibles.
La entidad denominó al caso Triple A por estar relacionado con los nombres del alcalde y de su hermano. Lo hizo pocos días después de que el Gobierno del presidente Daniel Noboa denunciara al alcalde de Guayaquil, como parte de los roces que se dieron entre ellos por la garantía soberana comprometida para Monte Sinaí y sus tendencias políticas.
Reacción ante la denuncia en el plano judicial
El Gobierno acusó a Álvarez, junto con nueve personas más, de comercializar combustible de forma irregular. Para el alcalde eso era un “montaje distractor” como parte de una persecución en su contra.
El caso se originó a partir de una denuncia que fue presentada por Franklin Erreyes Tocto, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables que acusó a Álvarez y nueve personas más.
Según la Fiscalía, en este caso existiría un presunto perjuicio al Estado por el monto de USD 94 millones.