El Ministerio de Trabajo ha dicho que no puede pronunciarse sobre la militarización de esta fábrica.
Punto Noticias.- En entrevista directa para Punto Noticias, Angélica Porras, la Abogada defensora de los trabajadores despedidos de la fábrica Explocen, denuncia que han sufrido una serie de amenazas ante el reclamo contra despidos intempestivos y una huelga en marcha dentro de la fábrica razón por la que fue militarizada por el Ministerio de Defensa.
Según Angélica Porras, Defensora de los trabajadores de la empresa Explocen, ubicada en Poaló, en la provincia de Cotopaxi, denuncia que fueron despedidos los empleados, y en estos momentos realizan una serie de medidas para que se cumplan con el pago de sus haberes de acuerdo con la ley. Ellos han dado a conocer de una serie de intimidaciones por parte de los directivos de esta empresa que pertenece al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).
Porras señala, que los trabajadores se encuentran 16 días en huelga, debido a que durante el confinamiento, despidieron a 5 trabajadores con cero indemnizaciones a pesar de que ellos han trabajado 30, 25 y hasta 20 años en la empresa.
“Esto se realiza en medio de un conflicto colectivo que ya tenía Explocen, porque se llevaba a cabo la firma de un contrato colectivo, que ha durado 7 años, que a pesar de haber renunciado a la mayoría de sus demandas económicas, para facilitar la firma de dicho contrato”, los despidieron.
Explica la abogada que al despedir a los trabajadores dentro de la firma de un contrato colectivo, se configura la causal de la huelga del 4 97 2, que es despedir a los trabajadores mientras se lleva a cabo un pliego de peticiones.
Para Porras, el problema es muy grave, ya que la empresa Explocen pertenece al ISSFA y no al Ministerio de Defensa y pese a ello se militarizo la fábrica. Impidieron la salida de los trabajadores que estaban dentro y la entrada de los que estaban afuera. Los militares estaban totalmente armados, relata.
También denuncia, que han visto como las demás instituciones del Estado han sido cómplices y directas ejecutoras de amedrentamiento como la policía, que amenazan con desalojarlos todos los días, cuando aún están el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, todos los incidentes se han dado durante el pliego de peticiones.
“Hasta una fiscal fue a amenazarlos que les van a iniciar un juicio penal por violación al toque de queda”.
La Denfensora indica, que al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se le ha presentado una “denuncia por abuso de facultades porque él no puede ordenar la militarización de una fabrica la cual produce explosivos para la minería”.
“Los trabajadores no han tenido oídos de la Corte Constitucional, ni del Ministerio de Trabajo que ha dicho que no puede pronunciarse sobre la militarización. ¿Cómo puede ser que en un país democrático no le haga ruido que militaricen una fábrica para impedir el ejercicio del derecho de la huelga?, se pregunta la jurista. Esta fábrica sigue trabajando y no existe la posibilidad de que se liquide o que se cierre. En esas circunstancias ya que el ministerio del trabajo no es el ministerio de los empleadores”.