Los niños menores de 12 años no reciben ninguna sanción, pero los que superan esa edad cumplen con medidas socioeducativas. Hasta enero, 253 internos a escala nacional se contabilizaban.
Punto Noticias.- Los niños y adolescentes son fácil presa de las organizaciones delincuenciales. Algunos son usados para cometer asesinatos y atentados con explosivos.
Solo en febrero, a tres menores de edad se los ha vinculado con el cometimiento de delitos, en los que los adultos han sido los protagonistas.
Manuel Martínez es representante del Pacto por la Niñez y Adolescencia. Considera que desde el Estado debería haber una cabeza para atender sus problemáticas a través de una política nacional. Mencionó que varias instituciones tratan por segmentos lo relacionado con niños, niñas y adolescentes.
Según Martínez, no hay una entidad que canalice ese trabajo, ya que existen el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).
Por eso se pregunta: ¿quién es el responsable en el país de lo que sucede con los 6 millones de niños, niñas y adolescentes?, ¿qué respuesta hay desde el Estado?
Sobre todo, la incógnita nace cuando se menciona que el pasado 13 de febrero, dos menores de edad de 11 y 13 años participaron en el asesinato de Freddi Bonilla Ferrín, un policía de la Dinapen, en Esmeraldas.
Los menores de edad, supuestamente, emboscaron al policía para robarle la moto y lo mataron con su arma de dotación.
Mientras, el pasado 25 de febrero, una cámara de seguridad, en Guayaquil, captó el momento en que un niño -no mayor de 12 años- llegó en su bicicleta a los exteriores de una recicladora de metal. Por debajo de la puerta colocó un taco de dinamita.
El niño habría sido convencido por delincuentes para amedrentar a la dueña del local al no entregar USD 5 000 por concepto de la denominada ‘vacuna’. Se trata de un cobro extorsivo de dinero, que exigen delincuentes o grupos organizados para garantizarles a los comerciantes seguridad y protección, con el fin de que puedan trabajar de forma tranquila. El hecho se registró en el bloque 2 de Bastión Popular. La familia se asustó al encontrar en la puerta del negocio el explosivo.
En este febrero 2023, ya son tres los niños involucrados en actos criminales. Para Manuel Martínez este es el resultado de la pobreza, la marginación, la inclusión al trabajo infantil, la violencia, el aumento del suicidio, el abandono escolar y otras problemáticas por las que atraviesan los sectores populares, sobre todo, de Esmeraldas y Guayas.
“Hay un aparato delincuencial bien estructurado que recluta a los niños y adolescentes para cometer varios delitos y frente a eso las respuestas son insuficientes”, expresó.
Reacciones y reforma legal
En redes sociales, las reacciones en torno a lo que se debería hacer con estos niños son duras. Se habla de aplicar mano dura con ellos. Es decir, que sean sancionados por la justicia como adultos, sobre todo, cuando cometen asesinatos.
Esta idea es parte de un Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, aprobado por la Asamblea Nacional el 16 de diciembre de 2022.
Este proyecto de Ley, en sus artículos 127, 128, 129, 130, 131 y 132 sustituye a los artículos 322, 371, 377, 385, 396 y 397 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA). Además, el artículo 133 del proyecto de Ley deroga el artículo 421 del mismo cuerpo legal.
Según el Pacto para la Niñez y la Adolescencia, la preocupación se centra en la reforma realizada al artículo 385 del CONA, a través del artículo 130 del proyecto de Ley que tiene relación con el cumplimiento de las medidas socioeducativas.
Esta reforma, en su numeral 5, indica lo siguiente: “para los casos de delitos sancionados con una pena privativa de libertad de 19 a 22 años, se aplicará la medida de amonestación e internamiento institucional de ocho a 10 años”.
El pasado 30 de enero, los integrantes del Pacto -en una carta dirigida al presidente de la República, Guillermo Lasso, le dicen que ese artículo está mal redactado. Además que lo expuesto es inconstitucional, regresivo en derechos y que lo mejor sería vetar parcialmente el artículo 130 de la Ley de Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, que aborda el incremento de ocho a 10 años de la medida socio educativa de privación de la libertad.
En Ecuador, la justicia juvenil penal se aplica a los mayores de 12 años. En ella no se incluye a los niños como tal.
Martínez reiteró que los adolescentes no pueden ser juzgados como adultos y que se debe pensar en sanciones según la edad. Esto porque la adolescencia es un tiempo en el que están en pleno desarrollo.
Al momento, la medida socioeducativa (internamiento) más severa sería de ocho años. Martínez considera que se debe tomar en cuenta que eso implica darles a los menores de edad una segunda oportunidad. Sin embargo, mencionó que para ello es importante también contar con un estado responsable.
Medidas socioeducativas
Hasta el 4 de enero de 2023, la Dirección de Medidas Socioeducativas para Adolescentes Infractores del SNAI contabilizaba 253 internos a escala nacional cumpliendo las medidas socioeducativas. Mientras, a 27 se les efectuaba un seguimiento.
Los internos van desde los 12 hasta los 24 años. La mayoría está en Guayaquil con 66 casos, la provincia de Pichincha con 54 casos, Loja con 26, Manabí con 20 y Esmeraldas con 18.
Por otra parte, los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) tienen una capacidad para 624 personas.
Martínez, representante del Pacto por la Niñez y Adolescencia, aseveró que la única respuesta para enfrentar todas esta problemática no debe ser la represión, sino que el Estado debe cumplir con su rol. Y en ese sentido, la administración de justicia debería dar una solución con gente especializada que mantenga un enfoque restaurativo, de rehabilitación, acorde para los adolescentes.
En el caso de los niños que son involucrados en actos criminales, dijo que para ellos deben existir medidas orientadas a la familia. Ellos son usados por la delincuencia porque no se los procesa penalmente.
Según Carlos Ochoa, director de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), los niños involucrados en actos criminales son parte de familias que se han roto. Es decir, desde la primera infancia hasta que van a la escuela no han tenido el acompañamiento del padre y de la madre.
“Crecen sin figuras maternas y paternas y no tienen a alguien que les ponga límites. Eso hace que los niños se involucren fácilmente en lo que ellos considerarían que sería bueno, como tener poder económico y un estatus social”, expuso.