La jueza dispuso que se mantengan todas las medidas cautelares contra las personas procesadas.
Puto Noticias. La jueza Susana Sotomayor aceptó parcialmente el pedido de la Fiscalía General del Estado y llamó a juicio a Marcelo A., en calidad de autor directo, Hugo Ch. y Paúl B., exfuncionarios de nivel directivo y gerencial como coautores. Además, a la persona jurídica Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador, como autora mediata por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La jueza Sotomayor encontró presunciones graves y fundadas sobre la comisión del delito, por lo que dispuso que se mantengan todas las medidas cautelares.
Únicamente dictó auto de sobreseimiento a favor de Ángel S. y Adrián H., debido a que estarían fuera del tiempo en que se habría cometido el delito.
La fiscal a cargo, María Susana Rodríguez, sustentó su pedido de llamamiento a juicio con el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, que señala que en la empresa Furukawa se encontraron “[…] condiciones de vida, vivienda y trabajo indignos, precarios e inhumanos. Eso habría configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud […]”.
Esas condiciones se confirmaron con la práctica de varias pericias, durante la investigación previa y la instrucción fiscal, como la psicológica, de entorno social, perfil de entorno social, auditorías y reconocimientos de los campamentos donde laboraban las presuntas víctimas, contó la Fiscalía.
También se presentaron otros informes que demostrarían la existencia de violaciones a los derechos de acceso a la educación y salud, casos de personas no inscritas en el Registro Civil, contratos de arrendamiento por parte de la empresa con los trabajadores para evadir sus responsabilidades laborales, acción calificada en un informe del Ministerio de Trabajo como “no ética”.
A ello, se sumaron versiones de las víctimas, en su mayoría afrodescendientes y analfabetos, a quienes no se les proporcionaron equipos de trabajo, ropa ni elementos de seguridad para el cumplimiento de sus labores.
Furukawa, empresa de capital japonés, se estableció en Santo Domingo de Los Tsáchilas en 1963. Se dedica al cultivo y procesamiento de abacá, una planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes, utilizadas en la fabricación de papel. Por su dureza, también es materia prima en las industrias textil y automotriz.
El caso
Una investigación periodística de 2019 dio cuenta de la sistemática vulneración de derechos de quienes viven y trabajan en las plantaciones de Furukawa.
El caso llegó, primero, al ámbito constitucional. Así, 123 trabajadores ganaron una acción de protección, que establece la vulneración de sus derechos por parte de la empresa abacalera Furukawa. Sin embargo, en la sentencia en segunda instancia, el Tribunal de la Corte Provincial de Santo Domingo eximió de responsabilidad al estado ecuatoriano, pese a que los Ministerios de Trabajo y Salud tuvieron conocimiento de este caso de esclavitud moderna desde hacer tres años y no emprendieron acciones, según denunciaron los afectados.