Los dirigentes del magisterio advierten que no pueden retornar a clases presenciales si no se inmuniza a profesores, alumnos, personal docente y trabajadores del sistema educativo.
Punto Noticias. Según la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) Isabel Vargas, el Gobierno Nacional aceptó la propuesta de incorporar al magisterio fiscal al grupo prioritario para recibir las vacunas contra el covid-19.
La dirigente gremial espera que la decisión del Ejecutivo no solo sea demagogia, sino que se haga realidad, para beneficio de los educadores de las 77 instituciones educativas que reinician clases presenciales.
Vargas plantea que las vacunas deben ser inyectadas a los 220 mil docentes, de los cuales 169 mil pertenecen al sector fiscal.
Reclama que el régimen gubernamental garantice el derecho a la educación, la vida y la salud de los maestros y la comunidad educativa.
Vargas dijo estar consciente de que el regreso a las clases presenciales es esencial, porque la educación es bis a bis con el estudiante. Es necesario el retorno a las clases presenciales para mitigar el retroceso en la educación y el abandono del sistema educativo de más de 500 mil estudiantes, dijo.
Pero, alertó que no pueden retornar sin que los profesores hayan sido inmunizados, así como los integrantes de la comunidad educativa, demandó.
“Exigimos que se deje a un lado la componenda, la corrupción. Se deje de vacunar a los familiares, amigos y allegados y se vuelvan los ojos a esta estructura social, que es importantísima, que es la educación”, reclamó la presidenta de la UNE.
Además, exigió que sean devueltos los 1.800 millones de dólares que fueron recortados del presupuesto para educación, en 2020 y 2021, por parte del gobierno de Lenín Moreno.
Andrés Quishpe, presidente de la UNE-Pichincha, insistió en que no solo deben ser inmunizados los docentes, sino el personal administrativo, trabajadores y estudiantes del sistema educativo.
Vargas denunció que, sobre la base de un acuerdo con los padres de familia, el Gobierno Nacional se deslinda de responsabilidades con lo que pueda ocurrir con el retorno a clases presenciales, por lo que exigen las garantías necesarias para cuidar de la vida y la salud de la comunidad educativa, de los 77 planteles que retornan a clases presenciales.