Las circunstancias previas a la desaparición y posterior muerte de María Belén Bernal deben ser analizadas.
Punto Noticias.- La discusión sobre la responsabilidad del Estado en el caso de María Belén Bernal, se va zanjando. Según la Dra. Ximena Ron Erráez, abogada constitucionalista, el argumento de que esto «se reduce a un problema de marido y mujer», va perdiendo su sustento por las circunstancias alrededor del caso.
Se empieza a denotar responsabilidad por omisión del Estado, desde el momento en que se le permite a una civil el ingreso a la Escuela Superior de Policía a la una de la mañana, algo que no debería ser normal.
Además, según el Art. 6 de la “Ley de Uso Progresivo de la Fuerza”, se determina el deber de actuación de la Policía y Fuerzas Armadas, para precautelar la vida.
Como se ha revelado, en la Escuela Superior de Policía hubo oficiales y cadetes que escucharon las agresiones.
En este sentido, el abogado penalista Hector Cepeda, cuestiona las declaraciones del Ministro Patricio Carrillo, que afirmó “que tenían que llamar al ECU 9 1 1”. “Sería lógica la declaración del Ministro, si se trata de una persona que no funge la calidad de policía”.
Los oficiales que se encontraban ahí, tienen una obligación contractual y legal de socorrer a las víctimas. En el caso de los cadetes, si bien pueden actuar y aprehender, no era su obligación.
Se conoce que hubo oficiales alertados de la situación, que decidieron no hacer nada, lo cual generaría también una responsabilidad penal por omisión de denuncia y la comisión por omisión, ya que podía haber socorrido a la víctima, y era su obligación socorrerla.
El Estado tiene la obligación de generar procesos de investigación efectivos y eficientes, por lo que haber permitido que el principal sospechoso se escape, generaría otra responsabilidad.
Aquí existe un cuestionamiento sobre la institución que permitió que el Teniente Cáceres desaparezca del radar de las autoridades.
Cepeda, explica que la Fiscalía tiene la potestad de retener para investigaciones a un sospechoso por 8 horas, hasta tener más indicios que puedan determinar una orden de detención.
En este caso se toma la versión el lunes 12 de septiembre de 2022, por varias horas, tras lo cual, según la Fiscalía se solicitó a la Policía que vigilen al sospechoso, mientras se encuentran más indicios.
Según el penalista, la Policía Nacional, también tiene limitantes, por los cuales podría haberse descuidado al sospechoso. En este caso también hay una responsabilidad del Estado por no proveer las herramientas para cumplir la orden de vigilancia.
Reformulación de cargos
Esta investigación se abrió por el delito de desaparición involuntaria, y podría haber reformulación de cargos, la que se realizará en estos días. Si se sigue tratando como desaparición involuntaria, se cambiaría el inciso, por producir la muerte de la persona, en cuyo caso la pena es de 22 a 26 años.
Aunque ahora que existe el cadáver de la persona, y la Fiscalía tiene otros elementos, podría reformular la acusación por el delito de Femicidio, también sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.
Ambos juristas coinciden en que la investigación debe ser entregada a órganos civiles, debido al involucramiento de miembros de la Policía Nacional. Esto porque podría afectar a la misma el mal llamado “espíritu de cuerpo”.
La Fiscalía ha anunciado que se delegará a la Comisión de la Verdad, la investigación de este caso. Este órganos actúa en casos en los que están involucrados entes estatales, y especialmente la Policía Nacional.
No es un crimen pasional
Por otra parte, Ximena Ron Erráez, cuestiona la expresión de “crimen pasional”, usada por funcionarios estatales, como el Ministro Patricio Carrillo, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en varias sentencias, que constituye un estereotipo de género, con el cual se justifica el femicidio.
“Lo que tiene detrás (la frase crimen pasional), es que actuó por pasiones y no de forma consciente, y se justifica al agresor”, señala Ron Erráez. Por lo tanto según la Corte se re victimiza tanto a la mujer que fue asesinada como a sus familiares.