Para el vocal de la Judicatura los ataques vienen de parte del Gobierno por pedir recursos e impedir que meta la mano a la justicia. Anunció que se defenderá en Derecho de todas las imputaciones efectuadas por la Fiscalía.
Punto Noticias.- Tras los allanamientos realizados en Quito y Guayaquil como parte de una investigación por presunto lavado de activos en la que es observado el vocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, la entidad prefirió guardar silencio y que sea el propio funcionario que responda.
Luego de la insistencia para que se pronuncie oficialmente, Muñoz, rechazó las imputaciones en su contra y dijo que dentro del marco jurídico pertinente las afrontará para desvirtuarlas.
Operativo en contra de Muñoz
El operativo liderado por la Fiscalía se efectuó de manera simultánea en Quito y Guayaquil, en donde se levantaron indicios para ser periciados. Tres allanamientos se dieron en la capital y dos en el Puerto Principal.
Horas después de las incursiones, Muñoz se pronunció en su cuenta de Twitter. Indicó que la actuación de la Fiscalía se enmarca en “un ataque sistemático al Consejo de la Judicatura”.
En su publicación dijo que él denunció el intento del presidente de la República, Guillermo Lasso, de meter la mano en la justicia y que es por eso que se desató el ataque sistemático a la Judicatura.
Aprovechó para mencionar el actual escenario político que vive el país con la muerte cruzada e insistió en que defenderá la independencia de la Función Judicial.
El vocal investigado acompañó su tuit con un video en el que se narran distintos hechos que, para él, son intentos del mandatario para manejar la justicia.
La grabación habla, además, de la lucha contra la corrupción por la que se derivarían atentados en contra de servidores judiciales. Asimismo, se señala que el ataque a la Judicatura se da por pedir recursos al Gobierno.
Muñoz añade que los ataques se complementaron con la investigación del caso Vocales, como lo denominó la Fiscalía al proceso por presunto tráfico de influencias contra los vocales del CJ, Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno, así como contra el juez de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya. La investigación se inició el 15 de junio de 2022.
La nueva investigación en la que está involucrado Muñoz se da luego de que el vocal estuvo en Manabí, en donde se instaló una mesa de trabajo por la seguridad ciudadana de iniciativa de Wilman Terán, presidente de la Judicatura. También luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se ve a Muñoz bailando con una señorita a la que la besa. Esta acción para algunos fue mal vista por ser un funcionario público.
Comunicado de Muñoz
De parte del Consejo de la Judicatura no se emitió un comunicado oficial sobre este tema y más bien se dejó que sea el propio Muñoz que lo haga.
Lo que sí se difundió fue un comunicado sobre la independencia de la Función Judicial y su compromiso por defender el Estado de Derecho, la democracia y el respeto a la Constitución.
Asimismo, el Consejo de la Judicatura reiteró que seguirá trabajando para que la Función Judicial cuente con los recursos que permitan garantizar a los ecuatorianos la tutela efectiva de sus derechos.
En horas de la tarde salió el comunicado de Muñoz -en hoja membretada del Consejo de la Judicatura- y fue para defenderse, de lo que él considera, acciones de intimidación de la Fiscalía.
Sostuvo que dichas actuaciones registradas la noche del miércoles, 17 de mayo tienen un claro mensaje que no es más que el de intimidar a la Función Judicial y a sus máximas autoridades, atacando a sus personeros con falsas e infundadas imputaciones de delitos graves.
“Estas acciones no nos amedrentan. Y si bien afectan la confianza e imagen de la institución, también nos fortalecen, porque ratifican que estamos ejerciendo un control adecuado, que incomoda a grupos de poder”, enfatizó.
Para el vocal de la Judicatura es evidente que existe una campaña de desprestigio y ataques sistemáticos, por lo que expresó que las acusaciones realizadas en su contra carecen de todo fundamento.
Comentó que revisó el expediente que sustentó los allanamientos y que en su contenido no existe ningún indicio que determine la existencia de un delito, peor responsabilidad alguna de su parte. Sin embargo, dijo que para que la ciudadanía conozca la legalidad y licitud de sus actuaciones y patrimonio, pidió que se revisen todos sus movimientos y transacciones.
Expuso que, curiosamente, la Fiscalía aludió a hechos no de sus actuaciones como vocal de la Judicatura desde que fue nombrado el 17 de abril de 2021, sino a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, cuando ejercía el libre ejercicio profesional como abogado.
Hizo un llamado a los organismos de control tanto nacionales, como internacionales a estar atentos sobre este tipo de actuaciones.