No existen causales para un enjuiciamiento político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, ni de sus vocales, como pretenden los bloques legislativos de oposición, en opinión de Néstor Arbito, integrante de la Judicatura.
Arbito considera que el único correo en el que se relaciona a Jalkh no prueba la supuesta injerencia del ex Jefe de Estado Rafael Correa en la administración de justicia, además de que los correos hecho públicos fueron conseguidos de manera ilegal y no constituirían prueba en el proceso.
“Comparte una opinión jurídica que el doctor (Jalkh) ya la ha hecho pública en distintos foros: que ha existido un abuso de la acción de protección, no cumpliendo lo que expresamente señala el artículo 42 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, apuntó Arbito.
Mientras tanto, según señalan, los legisladores de oposición continúan recabando las pruebas para fundamentar el pedido de juicio político contra el presidente y los vocales de la Judicatura, quienes, a decir del legislador de oposición Henry Cucalón, del PSC, tienen responsabilidad política por permitir la injerencia de Correa en la justicia.
Karina Peralta, vocal del Consejo de la Judicatura, no ve cómo los famosos correos electrónicos, que exhiben los parlamentarios de oposición, pueden ser prueba para sustentar un juicio político.
“En el Consejo de la Judicatura no somos políticos; no tengo por qué hacer cabildeo en la Asamblea (Nacional) para tener que contar con votos. Lo único que nosotros haremos, si somos llamados a juicio político, es demostrar el trabajo que ha venido realizando el Consejo de la Judicatura, dentro de sus competencias”, respondió Peralta a la pregunta de con qué votos cuenta la Judicatura para salvar a su presidente.