Editorial de Radio Pichincha
Si hay un problema real, concreto, de honda preocupación, no solo para los expertos sino también por los empresarios e inversionistas es el sector energético en general, y el eléctrico en particular, sin dejar de pensar que la desastrosa gestión petrolera ha dado paso a una caída de la producción en momentos que el mundo demanda más del recurso fósil.
La semana pasada el experto Miguel Robalino nos dijo que no existen planes ni políticas energéticas de largo plazo para el abastecimiento de combustible y energía. Y esto, además, no deja de lado sospechas de direccionamiento en la concesión y adjudicación de contratos millonarios.
Por eso, la producción petrolera alcanzó los 530 mil barriles en 2014, pero desde esa fecha empezó una caída significativa. “Son USD 18.000 millones que se perdieron en estos años”, señaló Robalino.
En ese sentido, la denuncia y la exposición de esta realidad nos deja dos conclusiones: Ni Moreno, ni Lasso y menos aún Noboa estuvieron preparados para gobernar en este campo con el equipo adecuada y menos aún con la visión de Patria. Y también que los intereses particulares priman a la hora de la solución de los problemas y desafíos.
Por eso Robalino fue enfático: uno de los problemas de los gobiernos es que no llegan con una visión clara de los sectores energéticos: eléctrico, petróleo, gas y minería.
De ahí que se entiende por qué el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) no se haya revertido al Estado como contempla la ley, no un acuerdo ministerial ni un decreto. En agosto de 2024, esa infraestructura debería pasar a manos del Estado (Petroecuador), sin embargo, desde enero de 2024 se ha extendido la concesión de sus operaciones. De seguir con estas extensiones, se está dando un muy mal ejemplo al país sino se logra la reversión del OCP al Estado porque es un golpe a las concesiones. Por supuesto, de pasar a manos del Estado, el patrimonio de Petroecuador pasará de USD 17.000 millones a USD 18.600.
Pero, parece que a alguien no le interesa eso, que más importante es destruir lo avanzado para poder justificar la privatización o una nueva concesión en función de intereses empresariales particulares.
Por eso estamos como estamos: no se sabe administrar, se lo hace con fines protervos y luego, cuando ocurren las crisis, apagones por ejemplo, siempre hay unos agenciosos empresarios que tienen la solución, pues supuestamente el Estado es un pésimo administrador.
Y, lastimosamente, las consecuencias las pagaremos los ciudadanos y ciudadanas que veremos encarecer las tarifas eléctricas, ya sufrimos el incremento de los combustibles y tenemos en adelante un encarecimiento de la producción en general, que redunda en precios más altos. PUNTO