Editorial de Radio Pichincha
Mandar al Registro Oficial una ley archivada por la Asamblea Nacional solo nos recuerda aquella ocasión en que León Febres Cordero se impuso de ese modo, porque también creía que estaba por encima de la Constitución y por encima del Congreso de aquel entonces.
Por supuesto, el Registro Oficial de aquella época dependía del Gobierno y de la Presidencia más concretamente. Hoy, como de todos es conocido, es una dependencia de la Corte Constitucional, esa “de lujo” como les gustaba decir a los adláteres del Trujillato.
En otras palabras, al Presidente-Candidato y Candidato-Presidente parece que el 23 de noviembre de 2023 le entregaron poderes omnímodos, supra constitucionales, tal cual lo decía el propio y nefasto Julio César Trujillo.
Porque hasta ahora ya hay algunas evidencias y hechos que lo retratan como un autoritario, que impone sus deseos y no le importa el límite constitucional y menos aún la independencia de Funciones del Estado.
Si ha sido capaz de violentar normas básicas de la Constitución y de la normatividad estatal en un año de gobierno, nos preguntamos ¿qué hará en cuatro años de ser reelegido? ¿Con mucha más soberbia y arrogancia podría cerrar la propia Asamblea, crear las condiciones para un régimen de facto con una fachada democrática que sea validado por la Corte Constitucional que ahora parece más funcional y genuflexa que nunca a los caprichos del Ejecutivo?
Imponer una ley, mal llamada Anti Pillos, que no es otra cosa que más impuestos a los ciudadanos, bajo el argumento que la Asamblea no la procesó en los tiempos fijados por la Ley, además de manipular los criterios jurídicos, revela a un personaje que solo tiene por delante su reelección y de perder irse a su país natal con la confianza de que no le pasará nada por acá.
Es que así se muestra el Candidato Presidente: como un accidente democrático que no tendrá ningún compromiso con la sociedad, con la institucionalidad y menos con la Constitución, pues tiene los recursos para instalarse en su país de origen.
De ahí que debemos insistir con más énfasis: ningún Gobierno puede estar presidido por quienes tienen un excesivo poder económico, pues con él no hacen caso a ningún mandamiento constitucional o moral de un Estado democrático.
Por el contrario, se consideran impunes con la plata y las empresas que los cobijan y acolitan en su gestión. Ya tenemos en Ecuador y en América Latina varios ejemplos de esta naturaleza.
Y lo que nos preocupa, como sociedad, tal como lo dicen incluso quienes votaron por Daniel Noboa, es que de aquí al 9 de febrero puede hacer de este tipo de cosas muchas más pues su único objetivo es ganar las elecciones.
Pero también preocupa que, de perderlas, primero no las acepte o se imponga por fuera del mandato popular, pero también, segundo: ¿en qué condiciones dejaría el Ecuador hasta el 24 de mayo si ya obligatoriamente le toca traspasar el poder?
Tal como vamos no hay un solo indicio de corrección, mejoramiento de las posibilidades democráticas de tener un proceso electoral transparente y justo, pero también de que nos mal acostumbremos a un autoritarismo de este signo y todo lo que haga se justifique bajo el eufemismo de que estamos en un “nuevo país”. PUNTO