La exconsejera del Consejo de Participación Ciudadana dijo que acudirá a instancias internacionales, pero alertó que al interior del Cpccs se quiere armar un concurso para designar a un nuevo fiscal general del Estado acorde a los intereses de la mayoría de la entidad, hasta se busca contratar un software para la etapa de méritos.
Punto Noticias.- Luego que Yadira Saltos junto con Augusto Verduga como vocales titulares del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y los suplentes Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor fueron destituidos por el juez del Tribunal Contencioso Electora (TCE), Fernando Muñoz, Saltos reacciona y califica a este acto como político que obedece a intereses y poderes fácticos.
La decisión de Muñoz se dio este 3 de septiembre de 2024, justo cuando ayer se designó como vocal suplente a Eduardo Franco Loor, por lo que la lectura para Saltos es que existía al interior del Consejo de Participación Ciudadana un cierto miedo por una mayoría que se podía configurar afín a la Revolución Ciudadana.
Instancias preelectorales en medio de destituciones
La sanción electoral por proselitismo contra Saltos y los otros consejeros llega en una etapa preelectoral y cuando está pendiente el cambio de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y el reemplazo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Para Saltos, el fallo -en primera instancia- del juez Muñoz no tiene fundamento porque considera que la decisión responde a intereses políticos como los tienen “los jueces serviles e imparciales que utilizan el Derecho para ocasionar un daño irreparable en una justicia política”.
En Radio Pichincha dijo que ella llegó al cargo de manera democrática en las urnas e incluso fue la más votada, por eso no descarta en acudir a instancias internacionales si en segunda instancia no se actúa con total independencia y apegada a la ley.
Si bien expuso que para ser parte del Cpccs no se debe pertenecer a un partido político, pero sí se puede ser político, aclaró que ni la ley ni el reglamento prohibían la promoción en redes sociales.
No hubo argumentos para la destitución
La ahora exconsejera señaló que en las ocho horas que duró la diligencia no se argumentó adecuadamente la acusación en su contra y de los otros consejeros porque ni siquiera en su promoción como candidatos al Cpccs no atentaron con la utilización de los colores y por lo tanto no existió infracción electoral.
La denuncia por infracción fue presentada por Pamela Troya y Santiago Becdach, excandidatos a consejeros del Cpccs. Paralelamente, la activista Mónica Jaramillo impulsó otra demanda contra los vocales. Ambas acciones se unificaron en el TCE.
El juez Muñoz sancionó a Saltos y al resto con 70 salarios básicos (USD 32.200) y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años. Acción que para Saltos atenta contra la democracia porque llegaron a sus cargos por elección popular.
Dijo que el reglamento les permitió hacer promoción e incluso se aprobó la frase propuesta para la campaña.
🗣️»Dentro del desarrollo de la causa, los denunciantes que responden a algunos grupos políticos, no lograron demostrar en ningún momento el cometimiento de ninguna infracción electoral (…) se trata de una sentencia forzada y adecuada a una agenda política, esto es una sentencia… pic.twitter.com/mYrYErwg9r
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) September 4, 2024
Juez sancionó también a Alembert Vera
Saltos recordó que fue el mismo juez que sancionó el 8 de mayo de 2024, al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera, con una multa y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años, al haber aceptado el auspicio de la Revolución Ciudadana para la campaña electoral de 2023.
La multa asciende a los 50 salarios básicos unificados (SBU), lo que equivale a 23.000 actualmente. Pero el TCE aplicó el salario básico a la fecha de la infracción, dando un total de USD 22.000.
Por esta situación, dijo que se hará una revisión exhaustiva del proceso hasta llegar a una sentencia internacional.
Dijo que se observa una parcialidad de los jueces electorales y que los denunciantes responden a algunos grupos políticos.
“Es una sentencia forzada y adecuada a una agenda política y violenta todo derecho a la seguridad. Es un total irrespeto de parte del juez Muñoz a la voluntad popular bien ganada en las urnas. Fui la más votada y eso es absolutamente no moral ni ético y hay que ir a las calles si fuera necesario porque hay intereses y poderes fácticos”, precisó.
Yadira Saltos alerta sobre designación de fiscal
Santos señala que su salida del Cpccs como las de los otros consejeros se da en un momento clave para la democracia del país porque está por discutirse la designación del fiscal general del Estado que reemplazará a Diana Salazar que termina el período en abril de 2025.
Alertó que se quiere poner en marcha un plan para esa designación. Primero dijo que se busca hacer un nuevo reglamento con la mayoría del Gobierno de Daniel Noboa que impone que sí y que no.
Todo eso mencionó que gira en relación a los juicios políticos que están en marcha en contra de los consejeros del Cpccs, Johanna Verdezoto y Andrés Fantoni.
¿Aceleraron sentencia?
Expresó que por esos juicios políticos se aceleró su sentencia por parte del TCE que no tiene ni pies ni cabeza y que puede ser anulada porque Eduardo Franco Loor recién fue nombrado ayer y no puede ser acusado de lo que se le imputó, de hacer proselitismo.
Añadió que el reglamento que se va a generar para el concurso de fiscal general del Estado conlleva que para la fase de méritos se compre un software para que califique.
“Se piensa comprar un software para calificar los méritos del concurso de fiscal, hay temor y no quieren poner un nuevo fiscal, quieren manipular el concurso que demoraría mucho. Va a ser como el concurso de la Defensoría Pública. Quieren dejarlo en blanco y negro para poder elegir a su antojo con esta mayoría que está en el Consejo”, aseveró.