Bernarda Ordóñez estará al frente del Comité de Rehabilitación Social. Mientras que el SNAI tiene la competencia exclusiva de garantizar el orden en los centros de privación.
Punto Noticias. El Gobierno Nacional anunció la ejecución de un plan para enfrentar la crisis carcelaria, que estará a cargo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privas de la Libertad (SNAI).
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó que, entre las acciones, se han movilizado en los centros penitenciarios a nivel nacional a 3.600 efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para retomar el control y seguridad de las cárceles.
Anunció que el Gobierno separó las responsabilidades entre la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI, una vez que el Presidente Guillermo Lasso designó, como su represente ante el Comité Técnico de Rehabilitación Social, a Bernarda Ordoñez, titular de la derechos humanos.
Ese organismo se encargará de la rectoría de las políticas públicas del sistema de rehabilitación social. Mientras que el SNAI tiene la competencia exclusiva de garantizar el orden en los centros de privación y, mientras dure el estado de excepción (60días), llevará acabo el desarrollo del plan.
Bolívar Garzón, director del SNAI, detalló las acciones urgentes del plan:
-Enfocarse en el control total de la Penitenciaria del Litoral (donde ocurrió la última masacre el pasado 28 de septiembre, que dejó 118 PPL fallecidos y 84 heridos).
-Incluir un scanner de carga para evitar el contrabando de armas.
-Rehabilitar el Complejo de la Penitenciaria de Guayaquil.
-Dividir y redistribuir a los PPL en los pabellones para evitar más hechos lamentables.
-Construir infraestructura a nivel nacional para disminuir hacinamiento en el país, que está entre el 55% y 60%.
-Tramitar indultos para personas de la tercera edad., mujeres, personas discapacitadas. Son cerca de 2.000 procesos en marcha, de una población penitenciaria de 38 a 39 mil PPL a nivel nacional.
-Gestionar la repatriación de extranjeros. Al momento, tiene 82 casos en trámite.
Garzón informó que el Ministerio de Economía habilitó los recursos necesarios para el complejo de Guayaquil, que ahora será la prioridad, frente al resto de cárceles.
Para ejecutar el plan de reestructuración del sistema penitenciario, aprobado en agosto de este año, se destinarán $12 millones.
Sobre las motivaciones de los disturbios del martes pasado, Garzón dijo que le corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones. “lo único que podemos aseverar es una lucha por el control del poder de los grupos”, afirmó.
En la Penitenciaría de Guayaquil, dijo, existen cerca de 8.542 PPL, con un hacinamiento del 62%. El Plan, aseguró, contempla la construcción e infraestructura para bajar este porcentaje, no solo en esta cárcel, sino en todo el sistema penitenciario.