Señalan que el Ecuador podría ser enjuiciado internacionalmente por incurrir en faltas a la Constitución.
Punto Noticias.- Los constitucionalistas Ismael Quintana, Salim Zaidán y el abogado penalista Gonzalo Silva, analizaron los juicios políticos que están enfrentando los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez. Todos coincidieron en que las causales que se presentan por parte de los impugnadores no están enmarcadas en la Constitución.
A criterio de Gonzalo Silva, las demandas en contra de los consejeros no son procedentes para un juicio político, tomando en cuenta que todos ellos fueron electos por votación popular y tienen el mismo rango que el Presidente de la República, asambleístas o alcaldes. “A mi entender no pueden ser juzgados por la Asamblea”.
“Se estaría violando el procedimiento, no tendrían la competencia suficiente y por consiguiente esto sería nulo y procedería un archivo de todo lo actuado”.
Ismael Quintana, en cambio, señaló que la Constitución sí faculta a que las autoridades electas por votación popular sean enjuiciadas; sin embargo, indicó que la discusión en este caso radica si existe o no causales para hacerlo.
De las tres acusaciones presentadas, solo una podría originar un juicio político, según el experto, y es la de la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo, enmarcada en la falta de respuesta de Tuárez durante su comparecencia.
En cuanto al resto presentadas por los asambleístas Fabricio Villamar, Raúl Tello y Jeaninne Cruz, no tienen sustento.
“La solicitud de Fabricio Villamar que acusa a José Tuárez por incumplir los requisitos de acceso al cargo, no es causal para juicio político y por tanto el asambleísta está incurriendo en una solitud irregular, que cae en fraude a la Constitución porque jurídicamente no hay fundamento”
Además, recordó que el órgano encargado de revisar el cumplimiento de requisitos a los candidatos al CPCCS, era el Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T): “Y sin embargo no se los ha llamado para fiscalizar, cayendo en la fiscalización a dedo”.
En cuanto a la solicitud de Raúl Tello y Jeanine Cruz, Quintana indicó que el único ente encargado de sancionar por incumplimiento de dictamen de la Corte Constitucional es la misma Corte y no la Asamblea Nacional: “Por tanto ellos incumplen también el dictamen de la CC queriendo enjuiciar por esa causal al CPCCS”.
Con esa base explicó que los consejeros que pudiesen ser destituidos por los juicios políticos planteados por Villamar, Tello o Cruz, podrían acudir al Sistema Interamericano, el cuál pedirá respuestas al país por las ilegalidades en las que se estaría incurriendo.
El constitucionalista Salim Zaidan criticó el tratamiento selectivo y grotesco en los juicios políticos que tramita la Asamblea Nacional: “Parecería que todo escrito que ingresa al Legislativo o a la CC con el asunto CPCCS, tiene una respuesta inmediata”.
“Estamos en la era del abuso de medidas cautelares y de multiplicación absurda de juicios políticos, es hora de que la Asamblea responda al país en los temas que interesan”.
En ese contexto, rechazó las críticas que han recibido los abogados que han dado sus criterios jurídicos sobre el tema, pues los han calificado de correístas por no adaptar la ley al régimen de turno o intereses particulares de algún funcionario; de ahí que aclaró que la Constitución es clara y no se la puede desviar.
“Los políticos anticorreístas ahora tienen más derechos, se les abre espacios en medios de comunicación, en instituciones estatales”, criticó.
Zaidán dijo esperar que el mismo tratamiento que le han dado al CPCCS, le den a la solicitud contra el ministro de Finanzas Richard Martínez que está afectando a los maestros jubilados.
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