Es una de las reformas que será incluida en la Ley de Contratación Pública.
Punto Noticias. El apoyo a la agricultura familiar campesina será incorporado en el sistema de contratación pública, con el fin de que participe en los procesos, como reconocimiento al trabajo del sector rural, según resolvieron los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico, que tramitan el proyecto de reformas a Ley de Contratación Pública.
Argumentaron que normas internacionales incluyen este tema, incluso, algunas vigentes en el país; por tanto, no será una excepción reconocer el trabajo del sector rural en el sistema de contratación pública, para que participe en los procesos.
A criterio de Luis Pachala, los campesinos deben ser los primeros proveedores del Estado, porque han sido los más marginados. Demandó que este sea un eje transversal en toda la reforma, así como la territorialidad, la ruralidad, las instituciones en territorio, el catálogo inclusivo y el tema de la agricultura familiar campesina.
El presidente encargado de la Comisión, Franco Romero, reflexionó que la mayor parte de los campesinos productores del país se dedican a la agricultura familiar, por lo que deben ser tomados en cuenta en los productos industrializados, pues la mayoría son orgánicos.
Esteban Melo sostuvo que, a nivel internacional, hay una gran demanda de productos ecuatorianos, pero no tienen certificados para exportar; por ello, consultó a Iván Ubidia, representante jurídico del Servicio de Contratación Pública (Sercop), qué ha hecho esta institución para trasladar información a los agricultores, a fin de que tengan mejores resultados. Está de acuerdo con que el texto que trabaja la mesa legislativa debe ajustarse, para que se fomente la agricultura familiar campesina.
Para Ubidia, se debe garantizar la calidad del gasto público, darle el mayor valor al dinero que usa el Estado para la contratación. Aseguró que cada ley, desde 2008, defiende a un actor de forma aislada y no concuerda con el artículo 282 de la contratación, que es el fomento a la producción nacional, para, sobre esa base, trabajar el sistema de preferencias en la contratación pública. Señaló que, por ejemplo, la Ley de Comunicación tiene preferencias para medios comunitarios; la Ley de Alimentación Escolar, con el fomento de la agricultura familiar campesina.
Ana Belén Marín manifestó su desacuerdo con el pronunciamiento del director jurídico del Sercop. A su criterio, la ley debe abarcar todos los temas dispersos, ya que se debe poner orden a la contratación pública. No se trata de intereses, sino de reconocer a los sectores vulnerados. Planteó que las compras públicas deben balancear la distribución del gasto, que va de la mano de la generación de políticas públicas, a nivel económico.
Los asambleístas avanzaron con el análisis del articulado. Revisaron lo atinente al giro específico del negocio, carácter de los contratos, delegación, inhabilidades especiales, las causas de nulidad del contrato, que fue uno de los temas de amplio debate.
Lira Villalba advirtió que las nulidades están establecidas en el Código Civil y entre ellas está el que se contrate al margen de la ley. Las responsabilidades deben ser también para la Procuraduría, cuando no demanda conociendo las inhabilidades para los contratos, propuso.
Fuente: Asamblea Nacional.