La Fiscalía investiga este caso que recaería en un delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Punto Noticias.- La fiscal general del Estado, Diana Salazar, informó que se han conseguido medidas de protección para 115 personas del caso Furukawa.
El anuncio lo hizo en el marco de una reunión que mantuvo con Jan Jarab, representante regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Paola Onofa, asesora de Derechos Humanos, quienes visitan Ecuador para analizar la situación del país en el contexto del respeto a los derechos.
Salazar comentó que el caso Furukawa es emblemático y que las medidas de protección se dieron ante el intento de criminalizar a las víctimas.
Añadió que la investigación sigue su curso, pues a fines de enero fueron vinculadas al caso tres personas naturales y una jurídica (Hugo Adolfo Ch. B., gerente comercial; Seiji N., exgerente de producción; y, Paúl Israel B. G., exgerente de recursos humanos, además de Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador), quienes se sumaron a Marcelo A., Ángel S. y Adrián H., gerente y exgerentes de la empresa, respectivamente.
La Fiscalía investiga la presunta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, pues la empresa de capital japonés que se estableció en Santo Domingo de los Tsáchilas en 1963 y estaba dedicada al cultivo y procesamiento de abacá (una planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes) recibió denuncias sobre condiciones de vida, vivienda y trabajo indignas, precarias e inhumanas.
El 15 de enero de 2021, un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas aceptó la acción de protección y declaró la existencia de “servidumbre de la gleba”, la responsabilidad de la empresa Furukawa y de varias entidades del Estado por la violación a varios derechos humanos de 123 trabajadores.
En noviembre, jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante auto de aclaración y ampliación, reformaron la sentencia y afectaron la ejecución de las medidas de reparación de los campesinos.
Un mes después, ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, un grupo de trabajadores denunció los amedrentamientos por las acciones emprendidas en contra de la empresa.
Fuente: Fiscalía, redes sociales