Producto de los enfrentamientos, 117 privados de la libertad murieron y dos mujeres fueron víctimas de violación. Los datos fueron revelados por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea.
Punto Noticias.- Tras los incidentes registrados este año en las cárceles de Latacunga, Guayaquil y Turi, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, expuso ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional que la Fiscalía inició de oficio las investigaciones y se dispuso las diligencias legales para identificar a las víctimas.
Toainga aportó en el proceso de diagnóstico y evaluación de los hechos registrados en los centros de rehabilitación social del país que lleva adelante la mesa legislativa, ante la cual dijo que solo en Guayas, Cotopaxi y Azuay se abrieron 22 investigaciones y una en la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) de Pichincha, por los delitos de asesinato, homicidio, evasión, violación y delincuencia organizada.
El fiscal aclaró que 16 procesos están en investigación previa, 3 en instrucción fiscal, 2 son procedimientos abreviados y 1 en preparatoria de juicio.
Precisó que se reportaron 117 fallecidos y 2 mujeres víctimas de violación.
Esta explicación la acompañó de una diapositiva en la que se detallan los principales hechos suscitados en las cárceles.
“16 procesos están en investigación previa, 3 en instrucción fiscal, 2 procedimientos abreviados y 1 en preparatoria de juicio; se han registrado 117 fallecidos y 2 mujeres víctimas de violación. En este contexto se han emitido 100 impulsos fiscales y efectuado 331 diligencias”. pic.twitter.com/G6ULZfgUuC
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 30, 2021
En este contexto, dijo que la Fiscalía ha emitido 100 impulsos fiscales y efectuado 331 diligencias, pero que carece de competencias específicas para coordinar acciones tendientes a crear, evaluar y/o monitorear la política pública del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), entidad sobre la que recae la responsabilidad de promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas.
Su exposición se basó en lo que señalan los artículos 195 y 201 de la Constitución con respecto a las competencias de la Fiscalía y al sistema de rehabilitación social, respectivamente.
El artículo 201 señala que el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad tomando en cuenta sus derechos porque están bajo la tutela del Estado.
Recordó que la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal, impulsa la acusación penal, brinda protección de los derechos a la víctima, dirige el Sistema Nacional de Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (Spavt), así como está a cargo de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
“En el ejercicio de la acusación penal pública, la Fiscalía está facultada para solicitar una o varias de las medidas cautelares, con la finalidad de garantizar la presencia de una persona en el proceso penal y así evitar la impunidad”, sostuvo el fiscal general subrogante.
Mencionó que, para solicitar la medida de prisión preventiva, la Fiscalía debe cumplir con los requisitos legales convencionales y constitucionales establecidos en la Ley, y demostrar que las medidas cautelares personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes.
Sobre la protección a las personas privadas de la libertad que forman parte del Spavt dijo que se realizan las coordinaciones necesarias con el SNAI, pues expresó que las facultades del sistema solo son las de protección y asistencia, más no de separación u organización de las personas privadas de la libertad, ya que eso es potestad de la máxima autoridad, en coordinación con un equipo técnico y de seguridad penitenciaria.
Aprovechó su alocución para pedir también que se garantice la seguridad de los funcionarios de la institución, con el fin de que puedan cumplir con las respectivas diligencias y que se refuerce y/o replantee la carrera penitenciaria, para evitar la corrupción al interior de los centros carcelarios.
Asimismo, sugirió que se implementen pabellones especiales para las personas protegidas por el Spavt.
Fuente: Fiscalía, Asamblea Nacional, redes sociales