4.170 glosas, por un total de USD 844,8 millones desvaneció esta entidad de control.
Punto Noticias. Unas 583 órdenes de trabajo fueron canceladas por la Contraloría General del Estado (CGE), entre 2017 y mayo de 2021, según información remitida por esta entidad a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
La supresión de las unidades de auditoría interna de la institución, la falta de entrega de información por parte de los auditados e incluso la falta de recursos para movilizarse (viáticos), son las causas, de acuerdo con la respuesta entregada por la entonces contralora subrogante, Valentina Zárate, el 9 de junio pasado, en un oficio a la mesa legislativa.
Pablo Celi estuvo al frente del organismo de control, cuando las órdenes fueron canceladas a más de 347 entidades, como gobiernos locales (municipios, prefecturas), universidades, Consejo Nacional Electoral (CNE).
Consta también una acción de control a Petroecuador, por estudios y diseños en la construcción de la planta de licuefacción de gas natural, en Bajo Alto; al ciclo presupuestario y las reformas presupuestarias realizadas en la empresa Yachay.
Igualmente, se canceló una orden contra la firma fiscalizadora del proyecto de la Refinería del Pacífico, sobre los procesos de contratación y gastos efectuados para arrendamiento de bienes inmuebles, uso y mantenimiento, a escala nacional, de la Corte Constitucional (CC).
La Contraloría tuvo inconvenientes para remitir datos correspondientes al período del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2016, debido a un cambio en el sistema informático.
Llamó la atención de Fiscalización el desvanecimiento de 4.170 glosas, que suman en total USD 844,8 millones, que debían aplicarse a Petroecuador, Arcotel, Hidropastaza, IESS, entre otras.
A criterio del presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, “el juicio político va a dejar en claro cómo funciona este mecanismo. A la Comisión no le interesa quedarse en el espacio de Pablo Celi, sino que el país conozca la magnitud de la crisis”.
El anterior miércoles, se aprobó un cronograma de comparecencias y se prevé que Celi, quien permanece detenido desde hace tres meses por supuesta delincuencia organizada, acuda el 22 de julio.
No está claro cuántas de las 18.372 resoluciones de responsabilidades civiles (glosas), en el período comprendido entre 2007 y el 31 de mayo pasado se llegaron a ejecutar. El cuello de botella para las sanciones está en el Tribunal Contencioso Administrativo, en donde suelen terminar estos trámites, a decir del excontralor Marcelo Merlo.
“Ese Tribunal es regional y no funciona en todas las provincias. Son cuatro a nivel nacional; entonces, están ahogados en instancias. Eso también hay que fortalecer”, declaró.
El asambleísta Villavicencio cuestionó que en 2018 Celi emitiera una resolución que dio paso a que se puedan revisar las glosas confirmadas. “Es posible que se hayan ejecutado glosas pequeñitas, de USD 1.000 para funcionarios de bajo nivel, pero ninguna glosa se ha ejecutado para los de cuello blanco, ninguna corporación ha sido sancionada”, expresó Villavicencio.
Sobre los 3.205 Informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) que la Contraloría emitió entre enero de 2007 y mayo de 2017, la Fiscalía corroboró que cuenta con información sistematizada sobre 2.777, pero a partir del año 2011. Es decir, no se conoce el paradero de 428. Peculado, falsificación, uso doloso de documento falso, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias son los delitos que se indagan.
Villavicencio dice que uno de los IRP que desapareció era contra los miembros de la Comisión del 30-S, aunque sí habría llegado al despacho del exfiscal Galo Chiriboga. La Fiscalía dice que a Contraloría le corresponde hacer el seguimiento.
Fuente: Asamblea Nacional, El Comercio.