Editorial de Radio Pichincha
Casualmente, el Día del Trabajador la ministra del ramo hizo unas declaraciones que ponen en alerta: según Ivonne Núñez, el incremento del desempleo, en estos últimos tres meses, no es un asunto de su Gobierno, ni de sus políticas, sino por la culminación de contratos por temporada.
Y no solo fue eso, también afirmó que las jornadas laborales menores a cuatro horas serán regularizadas, mediante acuerdos ministeriales, con el fin de fomentar el empleo. Entonces, surge la pregunta natural: ¿para qué se hizo el Referéndum del pasado 21 de abril si todo ello se podía resolver por vía de acuerdos o decretos ministeriales?
Pero tampoco es tan así. Si hubiese sido tan fácil, la mismísima Corte Constitucional lo habría dicho. Aunque en honor a la verdad, esa Corte ya no es de confiar en algunos temas, pues cumple con un libreto político desde los tiempos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
Según la ministra Núñez, el contrato por horas ya existe en Ecuador, a través de la jornada parcial permanente. Y dijo como si nada: «El objetivo del contrato por horas era romper el concepto de que la jornada por horas es precarización, pero ha sido difícil, porque hay jornadas que por su naturaleza son precarias».
Lo que no dice la ministra es que sí hay diferencias y muy profundas entre la jornada parcial permanente y el contrato por horas. Por eso hubo un referéndum y una discusión enorme antes del 21 de abril. No puede desconocer que el contrato por horas no garantiza la estabilidad laboral como sí lo hace la jornada parcial permanente.
Más allá de la “anécdota” de lo que dice una ministra y sus cifras del empleo y sobre todo del empleo juvenil (que no coinciden con las propias métricas del INEC), lo que no escuchamos de ella es una propuesta real, factible y plausible para fomentar el pleno empleo, algunas políticas para el sector privado, sin descontar que las condiciones del FMI sobre la austeridad fiscal implican más desempleo en el sector público.
Además, si en la población la primera angustia es la seguridad no dejemos de lado la segunda: el empleo y la economía en general. Y, por eso, no se puede salir a hablar sin una respuesta adecuada a la ciudadanía. No puede hablar como si los periodistas y los medios oficialistas fuesen la audiencia única y sin criticidad. No está en un panel y quizá también se olvida que lo que dice le afecta crudamente a la credibilidad de su jefe, el Presidente.
Ojalá prime la sensatez en los voceros del Gobierno para pensar dos veces antes de hacer declaraciones tan polémicas, a menos de 15 días de un pronunciamiento popular en las urnas enviando un mensaje: NO QUEREMOS PRECARIZAR EL TRABAJO. PUNTO