A Freddy Carrión le preocupa “por la discrecionalidad y privilegios (en la distribución de las vacunas) y que podría llegar a configurar responsabilidad política o incluso penal”.
Punto Noticias. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, exhortó a los asambleístas a que inicien un juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por el supuesto incumplimiento de sus funciones, con respecto al plan de vacunación en contra del COVID-19.
Carrión envió un comunicado al presidente encargado de la Asamblea, César Solórzano, para expresarle su preocupación por las denuncias en contra del ministro de Salud sobre la distribución y aplicación de las vacunas.
Reclama que es necesario que se conozca, en términos generales e integrales el “Plan de vacunación contra la Covid-19”. Por lo que cuestiona la falta de transparencia en la fase 0 o plan piloto de las primeras 8 mil dosis.
“Considero intolerable que desde los primeros días se haya conocido de casos en los que se ha dado prioridad para la aplicación de la primera dosis de la vacuna de la Covid-19 a autoridades y directivos del sistema de salud que no se encuentran en primera línea de atención como el Ministro de Salud o la Directora de Comunicación del HCAM, y que, el personal médico que atiende en las UCI, hospitalización y triaje haya tenido que realizar su reclamo para ser considerado dentro del plan de vacunación”, agrega Carrión en su carta.
El defensor del Pueblo se refiere a los casos que se conocieron en el Hospital del IESS de Quito, Carlos Andrade Marín, donde dos funcionarios -una de comunicación y otro que sería jefe de personal de salud- recibieron la vacuna, aún sin estar en la lista. Ambos enfrentan un proceso para su destitución.
Otra crítica, además, es que el ministro haya priorizado las vacunas en una residencia de adultos mayores en Cumbayá, donde reside no solo un familiar del ministro, sino varios, según declaró el funcionario. Entre los familiares, consta la madre de Zevallos.
A Carrión, este último caso lo preocupa severamente “por la discrecionalidad y privilegios con los que se estaría tomando decisiones y que podría llegar a configurar responsabilidad política o incluso penal”.
Por esta y otras razones, como la falta de acceso a la información pública del Ministerio de Salud, Carrión exhortó el enjuiciamiento del ministro de Salud. Ayer, el defensor del Pueblo ya realizó un pedido al Presidente Lenín Moreno para que destituya al ministro.