En una carta dirigida a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, el funcionario menciona sobre la intervención de la Contraloría.
Punto Noticias.- Tras el llamado de atención de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República al ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, este respondió a través de una carta.
Utilizó el mismo mecanismo empleado por Johana Pesántez para contestar a la misiva que ella le envió el 17 de marzo en referencia a la tarifa que paga Petroecuador al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) por transportar su crudo.
La secretaria general jurídica daba la orden a Ortiz para que como autoridad responsable de este sector estratégico hiciera dos pedidos. El primero a la Contraloría General del Estado para que hiciera un examen especial; y el segundo, a la Procuraduría para que ejecute un informe legal sobre el pago de la tarifa al OCP.
En su respuesta, el ministro Ortiz se limita a indicar que el 26 de noviembre de 2020 su cartera de Estado ya fue comunicada por la Contraloría de que se estaría haciendo un examen especial sobre el contrato para la construcción y operación del Oleoducto de Crudos Pesados y del contrato de prestación del servicio público de transporte del crudo. Pero, no menciona sobre la petición que le hiciera Pesántez en el sentido de solicitar un control de legalidad a la Procuraduría.
En medio de esta polémica, se conoció sobre la salida del presidente ejecutivo de OCP Ecuador, Andrés Mendizábal, quien fue parte de la negociación de la tarifa y ha estado al pendiente de los problemas relacionados con la contaminación ambiental generada por la rotura del OCP, debido a la erosión del río Coca.
En estos días el monto y la fórmula de pago de la tarifa a Petroecuador generaron nuevamente polémica, luego de que ambas empresas acordaron que se pague con crudo la deuda acumulada de USD 41,14 millones, correspondientes al período de junio a noviembre de 2020.
La divergencia se da en ese lapso por el monto de lo que se debía cancelar. Por un lado, Petroecuador sostenía, de acuerdo con el análisis del propio Ministerio de Energía, que la tarifa correcta era USD 1,40; OCP consideraba que era USD 2.
La duda sobre la tarifa se generó por una cláusula que dice que será de USD 2 o la tarifa más baja que OCP Ecuador cobre en cualquier momento a cualquier usuario por el transporte del crudo. Para la estatal petrolera esto implica contratos de antes del 2018 y para OCP solamente los que hayan ocurrido después del año que se firmó el segundo contrato. Pero en 2017 hubo un contrato en el que se le cobró a un cliente de OCP USD 1,40.
Desde el 5 de agosto de 2020, la Contraloría ejecuta el examen especial, del cual aún no se conoce sus resultados.
Sobre la consulta a la Procuraduría General del Estado esta fue impulsada por la Procuraduría de Petroecuador, a pesar de que el ministro Ortiz no estaba de acuerdo con ese tema.
Fuente: El Universo, redes sociales